Madrid, 9 may (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se reunirá con todas las universidades españolas, públicas y privadas, este lunes para informar de los requisitos más exigentes que contemplará la nueva ley de creación de centros universitarios.
Morant presidirá el Pleno del Consejo de Universidades, el órgano de coordinación académica y consulta por el que deben pasar las normas y propuestas del Gobierno, después de que haya planteado que el decreto de creación de nuevas universidades afecte a diez centros privados que todavía no han recibido el informe de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU).
Un cambio en el borrador del decreto que ha levantado asperezas entre las comunidades gobernadas por el PP, como Madrid y Extremadura, que se oponen “frontalmente” a una norma que afecta directamente a varios de sus centros.
Tanto las consejerías de Educación de Madrid, como de Extremadura y algunas universidades privadas señalan que el decreto puede generar inseguridad jurídica e incertidumbre y puede desincentivar inversiones que ya están en marcha.
La ministra, que se reunió ayer con todas las comunidades autónomas en la CGPU celebrada en Valencia ha apelado a la “sensatez para valorar la norma” e insistió en que “España ha pasado de tener 33 universidades públicas y 4 privadas, a tener 50 universidades públicas y 46 universidades privadas”.
En este momento, el Ministerio tiene pendiente emitir informes de evaluación de 10 nuevas propuestas de creación de universidades en el país y en este sentido la intención del Ejecutivo es que estos expedientes que afectan a Madrid, Extremadura, Aragón, Baleares y Canarias deban obtener el informe de calidad y vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), o de las agencia de evaluación autonómicas, para poder salir adelante.
Morant informará el lunes a los rectores o representantes de las 91 universidades españolas sobre este cambio y sobre las alegaciones que han presentado 57 instituciones, incluidas la mayoría de comunidades, la Conferencia de Rectores Universitarios de España (CRUE), la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades o la Coordinadora de Representantes de Universidades Públicas, entre otras entidades.
Algunas de estas alegaciones se incluirán en el decreto, que el Gobierno tiene previsto aprobar a principios de junio, aunque todavía debe recibir el informe del Consejo de Estado.
Entre estos cambios está el de garantizar la independencia del proceso evaluador que deberá realizar la agencia de calidad correspondiente.
En este sentido, todas las agencias evaluadoras deberán crear una Comisión de evaluación específica para elaborar los informes de evaluación de propuestas de nuevas universidades, compuestas por una mayoría de profesorado universitario elegido por sorteo.
