Quito, 9 jun (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social indígena del país andino, anunció este lunes su intención de «radicalizar» su lucha contra los proyectos extractivos que el actual Gobierno, del presidente Daniel Noboa, busca impulsar en diferentes zonas del territorio nacional.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, el excandidato presidencial y presidente de la Conaie, Leonidas Iza, revindicó el propósito de su organización de salvaguardar los territorios y los bienes naturales de los pueblos originarios.
Iza informó que desde el Frente Nacional Antiminero reforzarán las guardias comunitarias en torno a los enclaves ecológicos que han sido perjudicados por la expansión minera.
«Vamos a potenciar nuestro sistema de resguardo de las fuentes hídricas, vamos a cuidar nuestros espacios ancestrales, y si es necesario protegerlos con nuestra vida. Lo vamos a hacer de manera radical, porque no podemos seguir aceptando que hagan negocios de la vida», afirmó el dirigente.
Iza, que en las últimas elecciones presidenciales fue el candidato de Pachakutik, el brazo político de la Conaie, con más de medio millón de votos obtenidos en primera vuelta, alertó sobre la presencia de actividad minera en 20 de las 24 provincias del país, un «problema» que, según dijo, no es exclusivo de los pueblos indígenas, sino que afecta «a los 18 millones de ecuatorianos y ecuatorianas».
Estos proyectos extractivos, de acuerdo a sus declaraciones, abarcan más de 1,8 millones hectáreas en el territorio continental del Ecuador, con impactos que calificó de «irreversibles».
Fragmentación social
Otros líderes territoriales de la Conaie reprocharon la «criminalización» que enfrentan algunos «dirigentes comuneros (miembros de comunidades indígenas)», llegando incluso a ser judicializados.
«La táctica de las empresas mineras y los intereses capitalistas ha sido infiltrarse en el núcleo de las comunidades y desmembrar tanto la vida colectiva como la familiar. No es admisible que esto se haya instaurado como una política de Estado bajo el mandato de Daniel Noboa (presidente de Ecuador). No lo podemos asumir como algo normal», declaró Iza.
Juan Carlos Carvajal, integrante del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), expuso que desde esta organización se han registrado 33 procesos penales contra líderes locales, además de la criminalización de 161 personas entre 2023 y 2024.
«Están provocando una creciente fractura en las comunidades, están sobornando y coartando conciencias y por eso tenemos líderes indígenas traicioneros», aseveró Domingo Ankuash, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh).
Consecuencias negativas
Sobre los impactos generados por las instalaciones mineras en las comunidades, Iza recalcó que, aunque en ocasiones se presentan como oportunidades de desarrollo económico para la población local, «esos bienes naturales no se destinarán a resolver las necesidades de los más desfavorecidos».
«Van a ser explotados por los capitalistas, que solo dejarán hambre, miseria, contaminación y enfermedades en nuestros territorios», denunció el presidente de la Conaie.
En ese mismo sentido, el líder indígena subrayó que «hay zonas donde más del 70 % de los adultos mayores de la nacionalidad waorani presentan problemas de diabetes».
«Aquí solo nos queda la devastación, la profunda crisis social, el deterioro de la salud que ya padecemos en nuestras comunidades por la contaminación del agua», advirtió Esmeralda Vicente, defensora del agua y la vida en la provincia sureña de Loja, fronteriza con Perú.
Sector en auge
Desde el Gobierno y desde el sector minero de Ecuador se prevé que al menos seis proyectos de minas industriales a gran escala puedan iniciar sus operaciones en los próximos cuatro años, entre ellos el proyecto cuprífero Cascabel, situado en norteña provincia andina de Imbabura, con una inversión prevista de unos 4.200 millones de dólares.
La minería se ha vuelto uno de los sectores económicos de mayor crecimiento en Ecuador al registar en 2023 un récord de 3.324 millones de dólares en exportaciones, resultado del funcionamiento únicamente de dos minas industriales a gran escala: la aurífera Fruta del Norte y la cuprífera Mirador, ambas ubicadas en la sureña provincia amazónica de Zamora Chinchipe.
