Guayaquil (Ecuador), 10 jun (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país andino, condenó este martes la «escalada de políticas migratorias impulsadas por la Aministración» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y exigió al Gobierno de Daniel Noboa «asumir con firmeza la defensa de la comunidad migrante» ante las redadas que se han registrado en ese país.
En un comunicado, la Conaie señaló que desde el 6 de junio se han registrado protestas en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos como respuesta «a las redadas masivas de deportación», y que el despliegue de miles de militares en la zona ha generado «un ambiente de represión que vulnera derechos y la dignidad de nuestras comunidades migrantes y de la población latina».
«Estas redadas han alcanzado escuelas, centros de salud y lugares de culto, quebrantando principios básicos de protección humanitaria y sembrando miedo en familias enteras», aseveró la Confederación, que agrupa a las quince nacionalidades y dieciocho pueblos indígenas que habitan en el territorio ecuatoriano.
La Conaie también afirmó que «en el último año, más de 32.000 ecuatorianos han sido deportados», si bien esta cifra corresponde a las deportaciones registradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador en los años 2023 y 2024.
Hasta marzo de este año 2025 habían llegado a Ecuador más de 2.000 ecuatorianos deportados desde Estados Unidos, según las mismas cifras de la Cancillería.
«Y miles más están en riesgo de expulsión», agregó la Conaie, que afirmó muchas de estas personas pertenecen a pueblos y comunidades indígenas que se han visto «obligados a migrar por el abandono estatal y la falta de oportunidades en sus territorios».
Es por esto que exige al Gobierno ecuatoriano que «fortalezca de inmediato los servicios consulares en Estados Unidos» y asuma «con firmeza la defensa a la comunidad migrante». «Demandamos acciones legales, acompañamiento humanitario efectivo y visibilización internacional», añadió la Confederación.
Además, exhortó a los organismos de derechos humanos «a intervenir y monitorear la situación».
«La migración no es un delito, sino la consecuencia de sistemas sociales y económicos que empujan a miles a buscar una vida digna fuera del país», sostuvo la Conaie.
«Medidas como la declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur, la militarización de zonas urbanas y la suspensión de protecciones humanitarias no solo criminalizan la migración, sino que violan derechos humanos fundamentales y profundizan la exclusión», señalaron en el escrito», añadió.
Así, el movimiento indígena señaló que la defensa de los migrantes «es una causa colectiva que compromete a todo el país y a todos los pueblos».
Los Ángeles entró este martes en su quinto día de tensiones después de que manifestaciones pacíficas contra las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) escalaran en enfrentamientos con la Policía, con brotes de violencia, vehículos quemados y cientos de arrestados que resultaron en la militarización de la urbe.
