San Salvador, 15 ago (EFE).- El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) solicitó este viernes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador que declare inconstitucional la medida de régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 por iniciativa del Gobierno del presidente Nayib Bukele, y con ello que acabe su implementación.
La solicitud fue entregada por miembros de Movir, en su mayoría familiares de personas detenidas supuestamente «arbitrariamente», ante la Sala de lo Constitucionalidad de la Corte de Justicia, en el marco del tercer aniversario de la creación del movimiento.
El Movir es un grupo que surgió en agosto de 2022, que defiende derechos humanos y que acompaña a familiares de personas detenidas de forma supuestamente arbitraria.
Samuel Ramírez, un excombatiente, fundador y coordinador de Movir, dijo en declaraciones a EFE que el régimen de excepción «es ilegal e inconstitucional», por lo que pide su derogación.
«¿Por qué tener un régimen de excepción? Solo los peores dictadores tienen a la gente sometida con un régimen que limita garantías. El régimen solo sirve para capturar a la gente sin el debido proceso, sin una investigación previa y sin haber cometido un delito», enfatizó.
Para Ramírez, «el régimen es la sombra para todas las violaciones, negligencias y arbitrariedades de este Gobierno».
Además, según el fundador de Movir, con el régimen de excepción «no se permite conocer la verdad de los capturados en este país, no conocemos la verdad de los muertos en las cárceles, ni las causas».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó el jueves al Estado de El Salvador a «adoptar las medidas pertinentes» para la terminación del régimen de excepción por su «indebida aplicación» en casos no relacionados con el crimen organizado.
«La CIDH reitera su preocupación por la prolongación indefinida y la indebida aplicación del régimen de excepción en El Salvador luego de más de 3 años de vigencia; e insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para su terminación», indicó en un comunicado.
Esta medida, que ha sido prorrogada en 41 ocasiones por la Asamblea Legislativa, suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de la correspondencia de cualquier tipo y amplía el plazo de la detención administrativa hasta por 15 días.
El régimen de excepción, que ha sido prorrogado en 41 ocasiones por la Asamblea Legislativa, suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de la correspondencia de cualquier tipo y amplía el plazo de la detención administrativa hasta por 15 días.
El régimen de excepción, que a la fecha deja más de 88.750 capturas, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
La medida extraordinaria se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
