Montevideo, 10 ago (EFE).- A días de que el Parlamento comience a discutir el nuevo proyecto de ley para despenalizarla, la eutanasia divide a Uruguay entre quienes reclaman la libertad de pedir una «muerte digna» ante el sufrimiento por enfermedades incurables y quienes afirman que todo dolor tiene alivio y que legalizarla implicaría crear un «antiderecho».
Iniciado en 2019, cuando el reclamo de un paciente de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) dio pie al primer proyecto de ley presentado en marzo de 2020, el proceso que envolvió al país en un intenso debate público se encamina finalmente a una resolución.
Con la mira puesta en la votación del próximo martes en la Cámara de Representantes, los referentes de los colectivos Empatía Uruguay y Prudencia Uruguay, Florencia Salgueiro y Miguel Pastorino, explican a la Agencia EFE las posturas a favor y en contra del proyecto.
Derecho a una muerte digna
«Para mí la eutanasia siempre va a estar muy relacionada con acompañar la enfermedad y la muerte de mi padre», dice Salgueiro, al recordar la experiencia personal que la llevó a unirse al colectivo en 2021.
Y es que, “a pesar de recibir los mejores cuidados paliativos”, Pablo Salgueiro -quien había visto morir de ELA a su padre y a su hermano- decidió a comienzos de 2020 que no quería seguir viviendo con la enfermedad, que ya le había quitado progresivamente la capacidad de caminar, comer y escribir, y comenzaba a dificultarle la respiración.
«Le dijo a los médicos de paliativos que no quería vivir más, y ellos le dijeron: ‘Lo que usted nos está pidiendo no se puede'», relata Salgueiro. Para ella, el sufrimiento de su padre, obligado a vivir una vida que ya no deseaba, fue “tan injusto” y carente de sentido que la llevó a sumarse a la militancia a favor de la eutanasia.
«Desde que supe que se había presentado el primer proyecto, y lo llegué a hablar con él, siento que le debo a mi padre y a todas las personas que están en la misma situación hoy lograr que exista alguna opción para morir con dignidad cuando las enfermedades no tienen una solución», remarca.
Para Salgueiro, el principal argumento a favor del proyecto de ley -presentado este año bajo el título ‘Muerte digna’ y basado en el que quedó «encajonado» en 2022- es el reconocimiento de que hay personas con enfermedades incurables que, “incluso con los mejores cuidados paliativos”, no logran aliviar su sufrimiento. Estas personas, sostiene, desean “una muerte digna en sus propios términos”, porque para ellas “morir puede ser el mayor alivio”.
Discriminación y antiderecho
«Surge como una agrupación de profesionales de diferentes disciplinas. Lo que nos une es un estudio interdisciplinario del tema eutanasia y la ética del final de vida», explica Pastorino sobre el grupo desde el cual, como profesor de bioética, busca aportar claridad para romper con las «falsas creencias» respecto al tema.
Pastorino señala que muchos confunden, por ejemplo, eutanasia con voluntad anticipada, el autor del libro ‘La eutanasia no es lo que parece’ dice que la pregunta central es si para la sociedad está bien que a una persona que quiere morir «el Estado le legitime que es un derecho suicidarla».
«El proyecto lo que establece es que hay personas a las que se les va a ayudar a que mueran y hay otros a los que se les va a prevenir el suicidio», señala, y argumenta que, en lugar de consagrar un derecho, se estaría creando “un antiderecho”.
«Hoy cualquier dolor físico se puede aliviar, hay fármacos para eso. Otra cosa es el sufrimiento existencial, pero ahí estás igual que con cualquier persona que quiera suicidarse (…), necesita acompañamiento, asistencia», opina Pastorino.
A su vez, en tanto dice que «la dignidad es de la persona» y no de la muerte, subraya que «una muerte acorde a la dignidad humana implica morir reconocido, valorado, aliviado y acompañado», y que «descartar la vida de alguien porque se considera indigna es no reconocerle la dignidad».
Cuestión de garantías
Frente a un proyecto que dispone que sean dos médicos quienes den su aval, pero no exige la intervención de psiquiatras o especialistas, salvo que estos difieran y se deba convocar una junta médica, Pastorino expresa varios reparos.
«Ni siquiera hay especialista en paliativos. El proyecto no lo exige», sostiene y critica que no se exija el cuidado paliativo como «requisito previo».
Salgueiro, por su parte, considera que el proyecto es “muy garantista”, puesto que establece un período de reflexión, delimita con claridad el tipo de pacientes que pueden acceder a la eutanasia y especifica el rol de cada médico en el proceso. Además, exige la presencia de dos testigos y contempla la revisión del caso por parte de un comité multidisciplinario.
“Así es como funciona también en Países Bajos”, puntualiza. Consultada sobre la votación, expresa que tiene “mucha esperanza” en que la ley sea aprobada este año.
Alejandro Prieto
