Murcia, 13 may (EFE).- El presidente de Murcia, Fernando López Miras, defiende este martes en el Congreso la toma en consideración de una proposición de ley aprobada por el Parlamento autonómico para que el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura y el caudal ecológico del río de la cuenca cedente queden en la misma situación en la que estaban en 2014.
Hace una década, con la firma de la ministra del ramo del PP Isabel García Tejerina, el BOE publicada el memorando acordado también por los gobiernos autonómicos afectados de entonces por el que se elevaba el mínimo que debían de albergar los embalses manchegos de cabecera del Tajo para poder derivar agua al sureste español de 240 a 400 hectómetros cúbicos (hm3), aumento en su momento demonizado en Murcia.
Dependiendo del agua que contuvieran conjuntamente Entrepeñas y Buendía se enviaban al mes 60 si había más de 1.200, 38 si eran menos y no llegaban a los establecidos en el siguiente nivel y 20 si no superaban las cifras marcadas mensualmente, mientras que si estaban por debajo no se enviaría nada.
La propuesta llega al Congreso justo cuando se acaba de proponer endurecer estas reglas de explotación del acueducto de tal manera que el recorte del agua para regadío agrícola alcanzaría gradualmente el 50 % en 2027, al elevar tanto los niveles máximo y mínimo y rebajar las cantidades trasvasables al mes.
Pero es que la iniciativa que se presenta hoy nació cuando otro recorte fue anunciado en 2023, al elevarse los caudales ecológicos mínimos que habría de llevar el Tajo a su paso por Aranjuez, que suponían el primer recorte también gradual de los desembalses para los cultivos de Alicante, Murcia y Almería, por lo que fue recurrido al Tribunal Supremo por el Gobierno de Murcia en enero de ese año y dos meses después salió de la Asamblea Regional el texto que ahora llega al Congreso.
La exposición de motivos del texto presentado por el PP, que establece de que se aprobarse quedarían derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se le opongan o contradigan, señala que del trasvase llegaron en 1979 las primeras aguas al Segura del Tajo, más de cuatro décadas en las que ha supuesto un flujo de vida y progreso para todo el Levante y un instrumento vertebrador del territorio que ha contribuido notablemente al desarrollo socioeconómico.
Traía beneficios también para la cuenca cedente, ayudaba a atenuar las entonces periódicas y destructivas avenidas en el alto Tajo, creaba energía hidroeléctrica y abastecía al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, añade, antes de recordar los más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos y los más de 3.000 millones de euros anuales que aporta al PIB la agricultura gracias al trasvase.
Critica la propuesta que los caudales ecológicos del nuevo plan hidrológico del Tajo recortarán más de 100 hm3 de agua al año y al menos 15.000 hectáreas de regadío y amenazan a más de 20.000 empleos, con un daño patrimonial en abastecimientos y regadíos de 5.700 millones, 4.000 de ellos por lucro cesante.