Laura López
Madrid, 17 jun (EFE).- España es el segundo país de la Unión Europea que más peticiones de asilo recibe -167.366 solicitudes en 2024- y todas van a parar al mismo lugar: a la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, ubicada en el número 109 de la calle Arturo Soria, en Madrid.
Todas estas peticiones, historias de vida de personas que han huido de sus países para escapar de la guerra o la violencia, llegan dentro de una carpeta blanca hasta los llamados instructores de esta oficina, los encargados de estudiar cada expediente y decidir quién merece y quién no esta protección.
Con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de junio, la Agencia EFE ha visitado esta oficina para conocer mejor la labor de estos instructores: su media de edad es joven (inferior a los 40 años), tienen diversas formaciones -muchos son licenciados en Derecho- y comparten una fuerte vocación, conscientes de que su trabajo cambia el destino de muchas personas.
Se distribuyen por áreas geográficas, ya que la materia exige un conocimiento muy profundo y actualizado de la situación de cada país del que proceden las peticiones, sobre los que reciben continua formación: América; África y Europa, Oriente Medio, Asia y Palestina.
En sus mesas se acumulan decenas de estas carpetas, cada una con una etiquetas y un número escrito a mano, pero todos saben que en su interior hay mucho más que papeles.
«Cada expediente, para nosotros, es una historia, es decir, es una persona la que está detrás. No vemos informes, vemos vidas, que te están exponiendo lo que ha pasado en su país y el temor que tienen, lo que piensa que le puede ocurrir si regresan», señala María, una de las instructoras, en una conversación con EFE.
Atención al relato
Lo que los instructores encuentran en esa carpeta es una ficha con los datos del solicitante, una copia de su documentación -si la aportan, ya que no es un requisito- y la transcripción de la entrevista efectuada ante la Policía Nacional durante la formalización de la solicitud.
El peticionario puede aportar documentación adicional, como fotografías o informes médicos que acrediten, por ejemplo, unas lesiones sufridas.
Los instructores valoran si lo que llaman el ‘relato’ del solicitante se ajusta a la realidad del país y si presenta «un grado razonable de verosimilitud» -no presenta contradicciones y es coherente- aunque las exigencias se adaptan en cada caso, ya que a una persona que sufre un trauma no se le puede pedir que detalle según qué cosas, explica María.
Los instructores pueden pedir al solicitante más datos o, si es necesario, tener una entrevista con él, una parte «muy bonita» del procedimiento para profesionales como ella.
«Aunque siempre sabemos que hay vidas detrás de los expedientes, cuando te ves con esa persona cara a cara es un momento en el que suelen salir muchas informaciones y es mucho más sencillo valorar la credibilidad del solicitante», relata.
Con esta información, el instructor eleva una propuesta de resolución a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), presidida por Interior, en la que también participa Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Igualdad. ACNUR también forma parte, con voz pero sin voto.
Si esta resolución es aprobada por la Comisión, se eleva a la firma del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y es notificada al interesado. Contra ella cabe recurso administrativo y, llegado el caso, por la vía judicial.
La dificultad de decir que no
Los instructores analizan lo expedientes «caso a caso», independientemente del país del que proceden, y a menudo tienen sentimientos encontrados. Por ejemplo, cuando conocen historias «muy dolorosas» pero que no entran dentro del perfil de refugiado previsto en la Convención de Ginebra, como el caso de los migrantes económicos.
«Nadie deja su país porque quiere y es parte de la dificultad del trabajo», comenta esta instructora.
España reconoce el estatus de refugiado al 6,6 % de las personas que solicitan protección internacional, la figura más garantista, y concede al 53,33 % algún tipo de medida si se incluye la protección subsidiaria y la autorización por razones humanitarias.
Pero también está «la parte más bonita»: «es gratificante saber que existen leyes que te permiten cambiar en gran parte el sentido de la vida de esa persona, darle la tranquilidad de que ya, una vez reconocido como refugiado, no va a ser devuelto a ese país, donde podría peligrar su vida», relata.
Así, los instructores se mueven entre la «satisfacción» de aportar su «pequeño granito de arena» y «un profundo agradecimiento» por no vivir situaciones como las que leen en esos informes cada día.
250 % más resoluciones que en 2024
En los últimos años, entidades defensoras de los derechos de los migrantes y el Defensor del Pueblo han denunciado la dificultad que existe para pedir cita previa a la hora de pedir protección internacional y los largos tiempo de espera que los solicitantes sufren hasta recibir una respuesta, que puede tardar años.
Preguntado por estas dificultades, el director general de Protección Internacional, Octavio Rivera, explica en una entrevista con EFE que el gran volumen de solicitudes recibidas en los últimos años ha ralentizado los procesos.
Todo ello, señala, a pesar de los esfuerzos dedicados desde 2023, como la creación de esta Dirección General (antes Subdirección), diversas operaciones policiales contra la venta fraudulenta de citas, la creación de 200 puestos de trabajo y la mejora en los procedimientos.
Esto ha permitido que, en lo que va de 2025, haya aumentado casi un 250 % la capacidad de resolución de la oficina y en el último mes se hayan resuelto 2.000 expedientes más que los recibidos: «nuestra confianza es ir reduciendo poco a poco el número de resoluciones pendientes y reducir los plazos», señala Rivera.
Un reglamento que separa el asilo de la migración económica
En este sentido, también espera que sea de ayuda el nuevo reglamento de extranjería, en vigor desde el pasado 20 de mayo, muy criticado por las entidades porque impide a las personas que han pedido asilo y lo han visto rechazado optar a una regularización por la vía del arraigo.
Rivera ha señalado que este año ya se ha detectado una reducción del 13 % en el número de peticiones respecto a 2024, sobre todo de nacionalidades que podrían haber estado beneficiándose del cómputo de este tiempo en España para después pedir el arraigo siendo migrantes económicos y no merecedores de protección.
En este sentido, celebra que el reglamento deje claro que la protección internacional «no es un procedimiento de extranjería» ni de «migración económica», sino que está reservado para personas que sufren persecución en su país o están en grave riesgo, de forma que «los auténticos merecedores» de protección puedan recibirla lo antes posible.
