Bangkok, 1 oct (EFE).- La red de activistas que siguen «el rastro del dinero» de la junta militar de Birmania, Justice For Myanmar (JFM), galardonada este miércoles con el Premio Right Livelihood -conocido como el Nobel alternativo-, afirma a EFE que «China y Rusia son cómplices de los crímenes cometidos por la junta birmana».
«China y Rusia financian, arman y legitiman a la junta militar, alimentando directamente sus crímenes internacionales. Socavan la resistencia popular, financian la opresión e incitan a atrocidades con impunidad», declara por mensaje Yadanar Maung, portavoz de JFM.
La fundación sueca Right Livelihood Award ha distinguido este miércoles con el denominado Nobel alternativo a Justice for Myanmar por su labor contra la junta que detenta el poder en Birmania desde el golpe de 2021, entre otros premiados, como la activista por la democracia taiwanesa Audrey Tang.
«Nos sentimos profundamente honrados de recibir este premio, que consideramos no solo un reconocimiento a nuestra labor, sino también a la valiente lucha del pueblo de Birmania contra la brutalidad militar», dice Maung.
Junto a Pekín y Moscú, la red también apunta a India y Bielorrusia como «proveedores clave» de armas, productos de doble uso, tecnología y entrenamiento.
«Estos gobiernos son cómplices de los crímenes de la junta y deben rendir cuentas», remarca la portavoz.
Desde el golpe de Estado militar, el Ejército ha bombardeado hospitales, monasterios y colegios en zonas ocupadas por rebeldes y reprimido con violencia a la oposición.
Según las cifras de la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos, los militares birmanos han asesinado desde el golpe al menos a 7.300 civiles y mantienen a más de 22.400 prisioneros políticos.
JFM, fundado en 2019 con el objetivo de «desmantelar» las redes clientelares tejidas por el Ejército durante décadas de dictadura previa, trabaja desde el anonimato para «exponer» la arquitectura financiera del Ejército, los conglomerados que controla y la complicidad de algunos países con la junta militar.
Golpe militar
Su labor se intensificó tras la asonada, que puso fin a una década de transición hacia la democracia y encarceló a la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
«Durante su historia el Ejército ha operado más como un cártel criminal que como una fuerza armada convencional: su poder se sustenta no solo mediante la violencia y la represión, sino también mediante oscuras redes financieras que trascienden las fronteras», subraya la representante de JFM.
La explotación ilegal de recursos naturales y, más recientemente, la industria de estafas cibernéticas que emplea a «víctimas de tráfico humano» son algunas de las industrias «altamente lucrativas» de las que se beneficia actualmente la dictadura militar birmana, indica.
Durante estos años, JFM ha publicado más de 100 informes a través de documentos filtrados y el análisis de datos financieros que en algunos casos han desembocado en sanciones, desinversión e investigaciones criminales.
«Las sanciones son una herramienta importante para presionar la arquitectura financiera de la junta. Han reducido sus socios y limitado su capacidad para recurrir a la banca internacional», apunta Maung, al citar como ejemplo las sanciones de Suiza y la Unión Europea (UE) contra Myanmar Oil and Gas Enterprise, la mayor fuente de ingresos procedente del extranjero de la junta.
El Ejército birmano busca ahora legitimarse en unas elecciones generales por fases desde el 28 de diciembre.
«La junta está organizando una farsa electoral para crear una falsa legitimidad. España debe colaborar con la UE y sus aliados europeos para rechazar esta farsa electoral y apoyar la lucha continua del pueblo por una democracia federal», reclama Maung.
La sublevación militar sumió a Birmania en una profunda crisis y exacerbó el conflicto de décadas entre el Ejército y las guerrillas étnicas, a las que se han sumado milicias prodemocracia.
