Guayaquil (Ecuador), 19 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, convocó este viernes a un referéndum para consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo o no con eliminar la prohibición que se establece en la Constitución a la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, como la que Estados Unidos tuvo en la ciudad de Manta hasta 2009.
Lo hizo por medio de un decreto ejecutivo en el que dispone al Consejo Nacional Electoral (CNE) que continúe con el proceso previsto en la Constitución y la ley electoral para llevar a los ciudadanos a las urnas.
Esta es una de las siete primeras preguntas que el mandatario envió a la Corte Constitucional para su análisis para un referéndum que, según ha anunciado anteriormente, podría realizarse el 30 de noviembre.
Sin embargo, el tribunal constitucional rechazó varias de sus propuestas, lo que hizo que el presidente reformulara las interrogantes, aún en análisis, y anunciara su intención de convocar a una Asamblea Constituyente.
La pregunta sobre la instalación de las bases militares fue validada por los jueces el pasado 7 de agosto y este jueves el alto tribunal decidió que podía ser el presidente, por medio de un decreto ejecutivo, el que iniciara con el proceso de convocatoria de referéndum.
«Una vez emitido el decreto ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral podrá organizar y ejecutar el referendo de forma conjunta con los procesos electorales y otras consultas populares que resulten de los trámites actualmente en curso ante esta Corte», se señala en el último dictamen.
Eventual retorno de base militar de EE.UU.
Con esta pregunta, el mandatario busca que los ecuatorianos decidan si se reforma el artículo 5 de la Constitución para eliminar la prohibición de que se establezcan bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.
Entre las justificaciones para realizar esta reforma es que «la situación de seguridad de Ecuador requiere adoptar diversas estrategias en contra de las diversas modalidades de crimen organizado», según consta en el decreto emitido este viernes.
Esta prohibición se impuso en la Constitución de 2008, promovida por el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017), lo que implicó que Estados Unidos abandonara la base que ocupaba en la costera ciudad de Manta.
La propuesta de Noboa fue presentada en octubre del año pasado y, tras las elecciones presidenciales donde el gobernante fue reelegido hasta 2029, obtuvo la aprobación de la Asamblea Nacional (Parlamento), que debe ser refrendada mediante un referéndum.
En una reciente visita oficial a Quito, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la administración del presidente Donald Trump está abierta a evaluar la reinstalación de una base militar para sus fuerzas militares en territorio ecuatoriano si el Gobierno de Ecuador le plantea esta posibilidad oficialmente.
Pugna entre Noboa y Corte Constitucional
La convocatoria del referéndum se realiza en medio de una pugna que mantiene el presidente con los jueces de la Corte Constitucional, después de que el alto tribunal suspendiera de manera provisional algunos artículos de tres polémicas leyes que Noboa cree fundamentales en su lucha contra el crimen organizado.
Además, los jueces también rechazaron tres preguntas del primer paquete enviado por el presidente para el referéndum, entre las que estaba la propuesta de enjuiciar políticamente a los miembros de la Corte Constitucional. Posteriormente, los magistrados también invalidaron su propuesta de reducir el número de parlamentarios.
Ante estas decisiones, Noboa encabezó dos multitudinarias marchas, una en Quito y otra en Guayaquil, en las que criticó fuertemente a los jueces y los presionó para que dejen «decidir a la gente» en las urnas.
El Gobierno aún está a la espera de la respuesta que den los magistrados a las últimas siete interrogantes que envió el mandatario, en las que insistió, aunque desde otras perspectivas, en temas como la modificación de las atribuciones de control constitucional que tiene el alto tribunal.
