Quito, 9 jun (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador envió este lunes al presidente del país, Daniel Noboa, el texto aprobado de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional para la Policía y las Fuerzas Armadas en el marco del «conflicto armado interno» declarado desde 2024 contra el crimen organizado, que permite al mandatario dar «indulto anticipado» a personas a procesados por combatir a las bandas criminales, entre ellos policías y militares.
El mandatario cuenta ahora con 30 días para promulgar la norma aprobada con los votos en mayoría del oficialismo, pero también podría eventualmente vetar parcial o completamente el texto para devolverlo al Legislativo con modificaciones introducidas.
El texto fue aprobado el sábado por el hemiciclo ecuatoriano con 84 votos a favor, 46 en contra y 10 abstenciones, como un marco legal especial para la «guerra» lanzada por Noboa contra las bandas criminales, causantes de la escalada de violencia criminal que ha situado a Ecuador a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.
Dentro de las diferentes reformas para reforzar la lucha contra el crimen organizado se establece un «indulto anticipado» que el presidente pude otorgar «por razones humanitarias o de interés público excepcional, a personas procesadas penalmente por hechos relacionados directamente con dicho conflicto».
El mencionado indulto, dirigido especialmente a policías y militares, puede ser otorgado por el jefe de Estado «cuando los hechos imputados correspondan a actuaciones en cumplimiento del deber realizadas en operaciones de seguridad, defensa o mantenimiento del orden público frente a grupos armados organizados», según establece el documento.
También puede aplicarse cuando la persona procesada padezca enfermedades raras, huérfanas, catastróficas y/o de alta complejidad certificadas por autoridad sanitaria competente; y cuando se acredite colaboración significativa con la justicia, contribución sustancial al esclarecimiento de la verdad o reparación integral del daño en el marco del «conflicto armado interno».
Liberados de prisión
Este indulto presidencial puede darse «dentro de la fase de investigación previa o en cualquier etapa procesal posterior previo a la sentencia», según el texto de la norma.
Como efecto inmediato, la persona procesada quedará librada de cualquier orden de prisión preventiva dictada en su contra y le exonerará de ingresar a la cárcel también cuando se ejecute la sentencia.
Asimismo, la ley aclara que «en ningún caso podrán ser beneficiarios de esta medida quienes se encuentren procesados por delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia».
También indica que el otorgamiento de este indulto «no será obstáculo para la investigación penal correspondiente, ni excluye la eventual declaración de responsabilidad objetiva del Estado, así como tampoco para el otorgamiento de las medidas de reparación integral que correspondan».
HRW: «Facilita abusos de la fuerza pública»
Esta ley ha levantado la voz de protesta de organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch (HRW), cuya directora para las Américas, Juanita Goebertus, advirtió que el indulto diferido «facilita abusos de la fuerza pública contra la población».
Asimismo, Goebertus incidió que «da al Ejecutivo amplia discrecionalidad para declarar conflicto armado y hacer uso de la fuerza» y «crea un régimen especial diferente al de los estados de excepción, evadiendo las salvaguardas constitucionales», además de que «permite allanamientos sin orden judicial, solo con control posterior», algo que ya sucede en las jurisdicciones donde se mantiene el estado de excepción decretado por Noboa.
La Fiscalía registra al menos una quincena de denuncias por ejecuciones extrajudiciales desde que se declaró el «conflicto armado interno», 83 investigaciones por tortura, 223 por extralimitación en el uso de la fuerza y 8 de desaparición forzada, según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, si bien le organismo estima que son más en realidad.
Desde un inicio, Noboa ha mostrado un respaldo irrestricto a la Policía y las Fuerzas Armadas frente a estas denuncias.
La reciente ley también incluye la posibilidad de que estas instituciones reciban donaciones, así como planes y programas sociales para prevenir y evitar que los menores sean reclutados por los grupos delictivos.
