Madrid, 15 sep (EFE).- España tendrá que pagar casi 80 millones de euros a la empresa estadounidense de energías renovables Watkins Holdings por la retirada de las primas renovables y por no abonar las indemnizaciones fijadas después, tras denegar un tribunal de Columbia (EE.UU.) el archivo del caso, como había pedido el Gobierno español.
La condena, la última de un rosario de sentencias contra España por retirar de forma retroactiva los incentivos ofrecidos a las energías renovables, obliga al país a pagar 77 millones de euros por daños, a lo que hay que sumar 2,5 millones en concepto de intereses, costes de arbitraje y honorarios legales.
Así lo ha informado el fondo estadounidense Blasket Renewable Investment, afectado en uno de los citados casos, que recuerda que esa cantidad aumentará si no se alcanza un acuerdo a corto plazo.
Asimismo, el Tribunal de Columbia ha declarado el laudo «inmediatamente ejecutable» en EE.UU., lo que permite iniciar el proceso llamado «discovery order», que consiste en aflorar bienes propiedad de España en el país norteamericano para embargarlos, en el caso de que el Ejecutivo español «siga negándose a cumplir con la ley», dice el fondo.
Este pronunciamiento llega tras una oleada de resoluciones adversas a España, todas ellas por los recortes retroactivos a las primas a las renovables.
En las últimas semanas, los tribunales estadounidenses han confirmado laudos contrarios a España en los casos Eurus (Toyota Group), RREEF, Infrastructure Services (Antin) e Infrared, esta última hace solo unos días.
En total, 440 millones de euros
En conjunto, y contando con esta última sentencia del caso Watkins, todas estas condenas imponen al país la obligación de abonar indemnizaciones por valor de 440 millones de euros.
España acumula 26 laudos impagados relacionados con las inversiones en energías renovables, con una factura pendiente de pago superior a 1.492 millones de euros, que aumenta a 1.874 millones al sumar los más de 390 millones derivados de los sobrecostes financieros y judiciales que provoca «la estrategia de impagos» del Gobierno español.
La falta de cumplimiento, recuerda la nota, ya ha provocado embargos de activos soberanos en Bélgica, EE.UU. o Reino Unido, como se vio el pasado julio con el embargo de las tasas de control aéreo que recauda Eurocontrol y que, en teoría, desembolsa a Enaire.
Estos pagos, valorados en 80 millones, han sido consignados a favor de las empresas denunciantes, ante la constatación de que las deudas siguen pendientes de pago.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará a finales de septiembre una última petición de recurso presentada por España y, salvo que el Alto Tribunal acepte las alegaciones que el resto de cortes han descartado, el Gobierno español se quedará sin más vías de apelación en territorio norteamericano.
La justicia australiana reclama casi 470 millones de euros
En paralelo, la justicia australiana dictaminó el pasado agosto que 4 de los 26 laudos arbitrales pendientes de pago también han quedado plenamente reconocidos ante sus tribunales, lo que significa que podrán ser ejecutados contra España, por un valor conjunto de unos 469 millones de euros.
La cascada de litigios coloca a España en una posición «inédita» en los mercados internacionales, ya que la negativa del país a cumplir con los laudos no solo implica un coste económico, sino que «mina la credibilidad del país como destino inversor», considera Blasket Renewable Investment.
