Redacción Medioambiente, 9 jul (EFE).- El plazo que los defensores del reconocimiento del delito de ecocidio prevén para lograrlo está entre los 4 y 5 años, pero varias iniciativas locales e internacionales se han sumado en las últimas semanas a una causa que tiene en la guerra de Ucrania su principal empuje.
La Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos de la UE (COSAC), el Senado argentino y el estado palestino están detrás de esos movimientos recientes.
El conflicto en Ucrania, que cumple ya más de tres años, tuvo uno de sus episodios más alarmantes cuando el 6 de junio 2023 fue volada la presa de Kajovka, causando el mayor desastre medioambiental en la zona desde el accidente de Chernobil.
El Gobierno ucraniano comenzó entonces a hablar públicamente de la necesidad de tipificar el ecocidio como crimen.
Según el movimiento Stop Ecocidio, que busca el reconocimiento de ese delito por la Corte Penal Internacional (CPI), el ecocidio es la destrucción a gran escala de los ecosistemas. Cita como ejemplos la deforestación de bosques primarios, la explotación de petróleo de las arenas bituminosas o la sobrepesca.
Actualmente existen cuatro crímenes internacionales: el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Sumar a ellos el ecocidio supondría poder procesar a sus responsables y acabar con las subvenciones a empresas contaminantes.
El COSAC, foro para facilitar la cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, acaba de reconocer por primera vez la necesidad de estudiar la entrada del ecocidio en el Estatuto de Roma de la CPA.
«El COSAC percibe que la guerra en Ucrania ha causado un daño medioambiental considerable transfronterizo y conmina a que las acciones de Rusia sean examinadas en el contexto de ecocidio y tipificadas como crimen medioambiental», señala en una declaración.
Maite Mompó, directora de Stop Ecocidio Internacional en habla hispana, señala a EFE que la voladura de la presa de Kajovka fue «un gran campanazo de alarma de cómo un conflicto armado puede desencadenar un desastre ambiental que afecta a muchísimo territorio y muchísimas personas y que es muy duradero en el tiempo».
Los estados insulares de Vanuatu, Fiyi y Samoa presentaron el año pasado una propuesta formal ante la CPI, a la que se unió luego la República Democrática del Congo, y «son los que ahora mismo están abiertamente apoyando la creación del crimen internacional».
La propuesta está presentada en la Comisión de Enmiendas de la CPI, que luego debe debatirse entre los Estados y finalmente, votarse. Se necesita el voto a favor de dos tercios de los miembros, que ahora son 123. Luego debe ratificarse para que entre en vigor.
Nuevas adhesiones
El «plazo real» para que se convierta en realidad está en 4 o 5 años, calcula Mompó. «Nosotros estamos trabajando para conseguir que más países se unan. Panamá dijo en la Conferencia de los Océanos de Niza que iba a apoyar la propuesta».
El Estado de Palestina ha declarado también hace pocas semanas que los ataques de Israel en la franja de Gaza suponen un ecocidio.
«Lo han calificado así por la destrucción sistemática de Gaza y porque ahora mismo menos del 5% de las tierras agrícolas siguen siendo cultivables», dice Mompó. «También por la contaminación que ha causado el colapso de edificios y de los sistemas de agua potable y por las municiones que quedan en el territorio».
En España, el Gobierno se mostró en la anterior legislatura favorable a la creación de leyes internacionales para evitar ecocidios.
La directiva europea de 2024 sobre delitos recoge los casos comparables al ecocidio y los estados tienen hasta el próximo mayo para incorporarla a su legislación nacional.
«Ahora mismo estamos ante la posibilidad de que todos los países de Europa legislen el ecocidio. Lo que nosotros queremos es que se legisle como un delito autónomo», dice Mompó. «Tal y como está puesto en la directiva es un delito calificado y, si se produce una actividad humana que causa un ecocidio y no está dentro de las tipificadas en el Código Penal o en la directiva, se deja sin penalizar».
En Argentina, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Edith Terenzi, presentó este mes de junio un proyecto de ley de ecocidio, la Ley de Formas Especiales de Criminalidad, tercera iniciativa a estudio en el país.
Rodrigo Lledó, director para las Américas de Stop Ecocidio Internacional, considera que «Argentina se une a un movimiento cada vez mayor en América Latina y el mundo, con una legislación similar de ecocidio avanzando en Perú, mientras que Escocia, Italia y la Polinesia Francesa persiguen sus propios marcos nacionales».
«Este impulso se extiende a los debates en la UE y en la CPI, donde las naciones insulares del Pacífico han propuesto formalmente convertir el ecocidio en el quinto crimen internacional», apunta.
Stop Ecocidio Internacional trabaja en varios planos para lograr la tipificación del delito, sobre todo en el diplomático. Entre sus simpatizantes, menciona Mompó, estaba el papa Francisco.
Greenpeace coincide en que todavía falta tiempo «para llegar a ese punto» de la tipificación del ecocidio y confía en que la transposición de la directiva europea se quede «muy cerca de lo que viene considerándose ecocidio».
