Lima, 25 ago (EFE).- El nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Juan José Santiváñez, afirmó este lunes que uno de los objetivos en su gestión será reforzar la posición del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y una eventual salida del Pacto de San José.
Santiváñez anticipó en una entrevista con el diario Expreso que, entre sus prioridades estará, «reforzar la posición que la señora presidenta de la República tiene con respecto a las normas, por ejemplo, de amnistía, o incluso a la posición que debe tener el Estado peruano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Recientemente, Boluarte promulgó una amnistía para policías, militares y civiles de los comités de autodefensa procesados e incluso condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
La amnistía abarca a los procesados que no hayan sido aún sentenciado y a los sentenciados de 70 años en adelante que tengan condenas en firme.
La mandataria suscribió la amnistía aprobada por el Congreso pese a que la Corte IDH le había exhortado a que suspendiese su tramitación, lo que Boluarte consideró como una ofensa a la soberanía nacional y su ministro Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, anunció que han comenzado a valorar la posibilidad de salirse del Pacto de San José, algo que hasta ahora solo han hecho Trinidad y Tobago y Venezuela.
Santiváñez fue nombrado el sábado ministro de Justicia y Derechos Humanos el sábado, en sustitución de Juan Alcántara, quien la pasada semana se mostró en contra de dar una eventual amnistía por los alrededor de 50 muertos en la represión a la ola de protestas sucedida tras la llegada al poder de Boluarte, luego de la detención y encarcelamiento de Pedro Castillo tras su fallido intento de golpe de Estado a finales de 2022.
El nuevo titular de la cartera de Justicia, un abogado que antes de llegar a la política se dedicaba a defender a policías acusados de violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, volvió al Gobierno cinco meses después de haber sido censurado por el Congreso (Parlamento) como ministro del Interior, por su supuesta «incapacidad» en la lucha contra la criminalidad.
Su vuelta ha sido criticada por parlamentarios y parte de la sociedad civil, pues además de haber sido censurado, el abogado tiene un impedimento de salida del país por una investigación fiscal en un caso de tráfico de influencias.
Anticipa «uno de los cambios más importantes en la justicia»
En su primer pacto público este lunes, Santiváñez expresó que “tenemos que empezar por defender los derechos humanos de todos los peruanos”. “Hoy nos enfrentamos justamente al tiempo para liderar probablemente uno de los cambios más importantes en la justicia que el país va a tener», agregó.
En diciembre de 2024, cuando era ministro del Interior, se mostró a favor de una eventual salida de Perú del Pacto de San José, que define las funciones de la Corte IDH, para poder aplicar la pena de muerte.
“Yo particularmente si estoy de acuerdo (con la salida del Pacto de San José), porque creo que existen delitos en donde la posibilidad de resocialización de una persona es inviable», dijo a medios locales.
En ese sentido, cuando era ministro, el Gobierno de Dina Boluarte comenzó una serie de reuniones con diversos partidos, actores y organizaciones para plantear la posibilidad de aplicar la pena de muerte, prohibido por el Pacto de San José.
En junio de este año, el primer ministro, Eduardo Arana, anunció frente al Parlamento que la Cancillería se encargará de conformar una comisión que evaluará un eventual retiro del país andino de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que este «es un aspecto de sumo interés para el Congreso de la República y la ciudadanía en general».
Aunque Arana no precisó los motivos exactos para tomar esta iniciativa, su planteamiento se conoció mientras el país sufre un embate de la criminalidad, que ha llevado a Boluarte a plantear la aplicación de la pena de muerte.
