Marabá (Brasil), 26 sep (EFE).- La brasileña JBS, una de las mayores empresas cárnicas del mundo, enfrenta nuevos indicios que la vinculan con la deforestación de la Amazonía, como apunta una investigación de Greenpeace que EFE publica de forma exclusiva tras verificar los documentos.
La Agencia EFE sobrevoló, invitada por la ONG, tres granjas que vendieron ganado a JBS hasta hace poco pese a denuncias de tala de vegetación nativa en Pará, el estado que acogerá la próxima cumbre climática de la ONU (COP30) en noviembre.
Presionada por la sociedad civil y por un acuerdo sectorial firmado con la Fiscalía, JBS se comprometió hace unos años a eliminar antes de terminar 2025 toda deforestación de su cadena de compra en la Amazonía, lo que incluye a suministradores directos y a los que les venden.
Sin embargo, Greenpeace asegura que, como sugieren las granjas visitadas durante el sobrevuelo, la empresa aún está lejos de la meta.
“Faltan pocos meses para 2026 y lo que vemos es que todavía hay poquísimo control sobre esa cadena indirecta, que es la que está consumiendo la Amazonía”, afirma a EFE la portavoz de la ONG, Cristiane Mazzetti.
Sospechas de «lavado de ganado»
Greenpeace apunta a indicios de que una de las granjas analizadas, Chácara Rancho Alegre, está involucrada en un esquema de “lavado de ganado”, que consiste en vender al matadero animales procedentes de una segunda propiedad con embargos ambientales.
Se trata de una práctica muy extendida en la región amazónica y que busca esquivar el protocolo de la Fiscalía, que prohíbe la compra de vacas de propiedades con tala ilegal.
En el momento del sobrevuelo, el terreno de la granja, un rectángulo de 64 hectáreas cubierto de hierba en el municipio de Santana do Araguaia, estaba vacío.
Sin embargo, entre 2018 y 2024, Rancho Alegre realizó 129 entregas, lo que equivale potencialmente a cientos de vacas, al matadero de JBS en el mismo municipio, con base en información de la página web de transparencia de la empresa, analizada por la ONG.
Según cálculos de Greenpeace, su índice de productividad era de 10 vacas por hectárea por año, muy superior a la media de tres animales por hectárea.
El protocolo de la Fiscalía determina que, cuando se supera ese límite, el matadero debe pedir una justificación a la vendedora.
“Una granja tan pequeña con un movimiento tan grande de ganado levanta sospechas”, dice Mazzetti.
Rancho Alegre, a su vez, recibió ganado de Nova Orleans, una propiedad cercana de mucho mayor y que, como pudo comprobar EFE, tiene dos embargos vigentes del Gobierno por deforestación en 1.700 hectáreas.
Entre 2018 y 2023, Nova Orleans le vendió a la primera 1.901 animales, según la investigación.
Coincidentemente, las dos granjas tienen dueños con el mismo apellido en el registro rural: Tania Biernaski, para Rancho Alegre, y Mário Biernaski, para Nova Orleans.
Además, Rancho Alegre es considerada «inapta» para la venta por haber talado 17 hectáreas, según Selo Verde, una plataforma del Gobierno regional de Pará que permite consultar la situación ambiental de propiedades rurales.
Tras ser consultada por EFE sobre el caso, JBS aseguró haber bloqueado “preventivamente” la granja hasta que “aclare” los hechos, si bien dijo que esta cumplía con el protocolo sectorial.
La empresa no respondió a la pregunta de si alguna vez solicitó a Rancho Alegre una justificación sobre su alta productividad, como requiere la Fiscalía.
Deforestación en otras dos granjas
Durante el recorrido, EFE sobrevoló otras dos vendedoras de JBS en la región que también son consideradas “inaptas” según la plataforma Selo Verde: São José, que taló 89 hectáreas de vegetación, y Deus é Amor, con 67 hectáreas destruidas.
JBS afirmó, en respuesta a EFE, que compró tanto de São José como de Deus é Amor porque las granjas presentaron un laudo técnico para refutar la acusación de deforestación, lo que está contemplado en el protocolo de la Fiscalía.
La empresa añadió que monitorea a todos sus vendedores directos mediante imágenes satelitales y que desde 2021 ha puesto a disposición de estos últimos una plataforma que les permite verificar la conformidad de sus propios suministradores con las normas ambientales.
Jon Martín Cullell
