Madrid, 7 jul (EFE).- Las ordenanzas municipales de diecisiete capitales de provincia incumplen la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, según la Organización de Consumidores y Usuarios, que advierte de que la nueva tasa de basuras está lejos de cumplir el fin de la norma, que es el de que «quien contamina paga».
Esto es así en unos casos por la arbitrariedad de los criterios que determinan su importe, y en otros por tratarse de un único criterio fijo que no valora el esfuerzo de cada hogar para limitar y separar correctamente sus residuos, según la OCU.
El incumplimiento más grave se da a su juicio en las ordenanzas municipales que gravan los residuos con una única tasa fija, sin tener en cuenta la generación real de residuos de cada hogar, lo que es contrario al principio básico de la ley.
Eso ocurre, según la organización, en diecisiete de las cincuenta capitales de provincia: Badajoz, Ciudad Real, Girona, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Ourense, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Teruel y Zamora.
No obstante, según la OCU, tres de ellas (Las Palmas, Oviedo y Segovia) dan la posibilidad de reducir el importe de la tasa con acciones como acudir al punto limpio o demostrando una buena separación y reciclaje de la basura.
Las ordenanzas del resto de las capitales, según argumenta, aplican uno o varios criterios variables de acuerdo al tipo de hogar, como el consumo de agua, el tamaño de la casa, el tipo de calle o el número de personas empadronadas.
Para la organización, estos no dejan de ser criterios discutibles, «mucho de ellos -apunta- arbitrarios», porque no siempre reflejan la realidad de cada hogar.
No lo hacen porque el consumo de agua varía mucho si hay un jardín o una piscina, porque una casa más grande no genera necesariamente más residuos y también porque tampoco el número de personas empadronadas refleja siempre el de personas que realmente viven allí (por ejemplo, si son casas de alquiler turístico o segundas residencias).
Las tasas municipales, de hecho, oscilan de forma significativa de una capital a otra para un mismo tipo de hogar: para una vivienda con un valor catastral de 79.000 euros donde viven tres personas que consumen 175 m3 de agua al año, el importe varía entre los 62 euros de A Coruña y los 202 euros de San Sebastián, y el recibo medio alcanza los 105 euros anuales.
Se trata de una subida media respecto a la anterior tasa del 31 %, que llega al 420 % en Alicante (donde pasa de 28 a 145 euros al año), unas subidas que además rara vez se compensan con una bajada equiparable de otras tasas, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que hasta ahora asumía el coste de este servicio en muchas ciudades.
Por ello, OCU critica la aplicación de criterios fijos para el cálculo de la tasa, pero también de la mayoría de los criterios variables, no solo por considerarla «injusta y desequilibrada, también porque contribuye a desincentivar la separación de residuos por parte de los consumidores, ya que cualquier esfuerzo en este sentido difícilmente se verá recompensado en una rebaja en el importe final de la tasa».
