Bogotá, 11 jun (EFE).- La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó este miércoles los atentados ocurridos la víspera en el suroeste del país que dejaron ocho muertos, al menos 83 civiles heridos y cuantiosos daños materiales.
Según la Policía, el martes hubo un total de 24 ataques en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, que fueron atribuidos por las autoridades a las disidencias de las FARC al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
«La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condena los ataques indiscriminados perpetrados ayer en, por lo menos, 11 municipios del Cauca y 3 de Valle del Cauca», dijo el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Scott Campbell.
El funcionario agregó que los atentados también provocaron «graves afectaciones a los derechos humanos, entre ellas: la muerte de 6 civiles y dos policías; heridas a por lo menos 83 personas, en su mayoría civiles, y entre ellas tres niños».
La oleada terrorista también destruyó viviendas y otros bienes civiles y provocó la suspensión de clases para niñas, niños y adolescentes en los dos departamentos; y «terror y miedo por las explosiones y daños causados», puntualizó Campbell en un comunicado de su despacho.
La Oficina solicitó a todas las autoridades del Estado realizar investigaciones exhaustivas para «esclarecer la verdad sobre estos graves hechos y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de estos».
«La justicia no es solo un derecho fundamental de las víctimas. La lucha contra la impunidad es una forma efectiva de prevenir y avanzar en las garantías de no repetición de los ataques perpetrados», señaló Campbell.
Por su lado, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, dijo que los ataques en Cauca y Valle del Cauca son «consecuencia de la fallida política de ‘paz total’ del gobierno de Petro».
«La ausencia de medidas efectivas de seguridad y justicia ha permitido a los grupos armados ampliar su presencia y aumentar su capacidad de causar daño, incluso en las principales ciudades», concluyó Goebertus.
