Niza (Francia), 11 jun (EFE).- ONG ambientales han pedido a la vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, implementar el Tratado de los Océanos, ratificado por España, seguir avanzando en la creación de nuevas áreas marinas protegidas y clasificar a dos especies en peligro de extinción.
La petición, que abarca otros cuatro puntos, la han planteado este miércoles en el marco de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3) que se reúne en Niza (Francia) del 9 al 13 de junio, según un comunicado de la ONG Ocean Care.
La reunión fue convocada por diversas organizaciones del proyecto MED30, entre las que se encuentran Oceana, OceanCare, ClientEarth, Fundación Marilles, MedSea Alliance y representantes de la campaña Let’s Be Nice to the Ocean.
Las ONG han planteado a Aagesen la importancia de avanzar en la conservación del medio marino y la protección de las comunidades costeras, y para ello han pedido a la ministra la puesta en marcha del Tratado Internacional de los Océanos, firmado en 2023, detallando los pasos previstos para la aplicación efectiva.
Asimismo, lograr el objetivo 10×30 en el marco de la Estrategia de Biodiversidad para 2030 de la Unión Europea (UE) y el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030, por el que España ha asumido el compromiso adicional de contribuir al objetivo de la UE de proteger estrictamente el 10 % de su superficie marina para 2030 (objetivo 10×30).
España se ha comprometido además a alcanzar una protección del 30 % de superficie marina y terrestre para 2030 (objetivo 30×30). Se pretende detener tres crisis: la climática, la de contaminación, y la de pérdida de biodiversidad, adoptando una protección del máximo nivel en espacios marinos.
La coalición de ONG demanda además aprobar y aplicar los planes de gestión pendientes de las áreas marinas protegidas (AMP) de la Red Natura 2000, que garanticen los objetivos y medidas de conservación eficaces para asegurar la protección de esos espacios.
Asimismo, implementar medidas obligatorias de reducción de la velocidad de los barcos en el Plan de gestión del área marina protegida ‘Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo’ para reducir las colisiones de éstos con rorcuales comunes y cachalotes, «principal causa de mortalidad de estas grandes ballenas en esta zona».
Según Ocean Caer, en relación con este tema, se entregó a Aagese un escrito, respaldado por 60 científicos y juristas expertos en la materia, solicitando la inclusión de esta medida en el Plan de gestión.
Las oenegés solicitan además clasificar al rorcual común y al cachalote como especies en peligro de extinción, «en coherencia con el criterio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los compromisos internacionales de España».
Por último, avanzar en la declaración de nuevas áreas marinas protegidas (AMP), para llegar al objetivo 30×30, incluyendo la propuesta para Cachalotes al norte de Menorca.
Según Ocean Care, Aagesen manifestó el propósito del Gobierno de identificar e incorporar zonas de protección estricta en los nuevos planes de gestión anunciados en la UNOC3 y garantizar la continuidad del grupo de trabajo con todas las partes interesadas para la discusión de las medidas de la reducción de velocidad de los barcos en el Corredor de Migración de Cetáceos.
Carlos Bravo, experto en Política Oceánica de OceanCare, ha explicado que las colisiones con barcos «son la principal causa de muerte inducida» por el ser humano para las grandes ballenas en zonas de elevado tráfico marítimo donde las embarcaciones navegan a velocidades muy superiores a 10 nudos, como sucede en el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo.
Por ello, «la única medida eficaz es incluir la reducción obligatoria de la velocidad de los barcos en el plan de gestión que actualmente está elaborando el Ministerio».
