Madrid, 20 jun (EFE).- Entidades sociales defensoras de los derechos humanos han denunciado este viernes 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, el grave problema que hay a la hora de acceder a la protección internacional en España ante el «colapso», desde hace años, del sistema de citas que permiten empezar con los trámites.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales y más (FELGTBI+) ha señalado que muchas personas tienen que esperar «durante meses» para conseguir una cita sin poder acceder a derechos esenciales como alojamiento, asistencia jurídica o acompañamiento psicosocial.
El Servicio Jesuita a Migrantes también ha condenado el «colapso» en el acceso al sistema, un problema arrastrado «desde hace años» para el que no se han desarrollado medidas efectivas que puedan paliar esta saturación.
A este problema se ha referido también Mundo en Movimiento, que ha alertado del riesgo que tiene esta espera para los afectados, desde la posibilidad de ser devueltos a su país a caer en la irregularidad, «obligadas a vivir en la clandestinidad, sin poder trabajar ni acceder a sus derechos más básicos y expuestas a la explotación y el abuso».
La salud mental de la infancia refugiada está en riesgo
La Plataforma de Infancia, que agrupa a más de 70 organizaciones, ha alertado de la vulnerabilidad de la salud mental de la infancia refugiada. En este sentido, ha señalado que los niños y adolescentes migrantes no acompañados tienen cinco veces más riesgo de sufrir una enfermedad mental, especialmente los solicitantes de protección internacional.
Ha lamentado que la atención psicológica a estos niños y adolescentes hoy es «débil, informal y mal coordinada» y «no garantiza una respuesta mínima, uniforme y con enfoque de derechos», ya que, por ejemplo, no existen protocolos oficiales ni equipos para prestar este auxilio en los puntos de llegada.
Para revertir esta situación, desde la Plataforma de Infancia han pedido a las autoridades crear recursos específicos en salud mental para estos jóvenes en el sistema público de salud, además de equipos de intervención inmediata y formación de profesionales de primera línea, con enfoque de infancia y trauma.
Las mujeres y el colectivo LGTBI+, más vulnerables
El centro de análisis Funcas ha apuntado que el 42 % de las solicitudes de asilo en España en 2024 fueron de mujeres, una cifra superior a la media europea, donde apenas suponen un tercio, y que responde al peso relativo de solicitantes latinoamericanos, entre quienes la participación femenina es más alta.
Ha llamado la atención sobre la «doble vulnerabilidad» que enfrentan las mujeres que huyen de sus países, quienes, además de sufrir violencia, persecución o pérdida de medios de vida, están expuestas a riesgos durante el trayecto migratorio como la violencia sexual, la trata o la explotación.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales y más (FELGTBI+) ha mostrado su preocupación por la «preocupante ola de retrocesos en derechos humanos, liderada por gobiernos autoritarios, ultraconservadores y reaccionarios que instrumentalizan el odio contra las personas LGTBI+ como parte de su agenda política».
Los refugiados en el debate parlamentario
La plataforma Political Watch ha señalado que, en lo que va de legislatura, solo se han presentado en el Congreso de los Diputados 113 iniciativas sobre personas refugiadas de las 150.000 que pueden llegar a registrarse en todo el periodo, de cuatro años.
Los grupos que más iniciativas han propuesto han sido Sumar y, después, el Grupo Mixto, y han predominado las cuestiones relacionadas con el Sahara y Ucrania, mientras que la situación de Mali, desde donde se han disparado las solicitudes de asilo a España en 2024, apenas se mencionan en las iniciativas.
En otro comunicado, el PSOE ha defendido no delegar la responsabilidad de protección en terceros países ni condicionar el derecho de asilo a acuerdos que puedan vulnerar los principios del derecho internacional y ha apostado por construir un sistema europeo común basado en la responsabilidad compartida, la solidaridad efectiva y el respeto pleno a los derechos humanos.
