Caracas, 2 ago (EFE).- Varias ONG denunciaron este sábado el «traslado arbitrario» de los expolicías Rolando, Juan y Otoniel Guevara, condenados en 2005 a prisión por el asesinato del fiscal Danilo Anderson, y aseguran que, según la familia de los hermanos, no hay información oficial sobre su ubicación.
En la red social X, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) alertó del «traslado arbitrario y sin notificación oficial» de los expolicías desde El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.
La organización no gubernamental expresó que el traslado «sin notificación a sus familiares ni al equipo legal viola garantías fundamentales y profundiza la angustia e incertidumbre de sus seres queridos», por lo que exigió una fe de vida, información «inmediata sobre su paradero y respeto a su dignidad y derechos».
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) señaló, también en X, que la familia de los Guevara se ha visto «obligada a realizar un recorrido angustioso por diversos centros penitenciarios sin obtener respuestas por parte de las autoridades».
«Estos traslados se han ejecutado sin notificación previa ni posterior a los familiares, abogados de confianza ni a los tribunales competentes, contraviniendo el marco legal venezolano», afirmó.
Asimismo, denunció que esta situación «se replica en otros tantos casos en los que se sigue el patrón de traslados (…) sin apego al debido proceso, lo cual genera incertidumbre, zozobra y desgaste emocional y económico para las familias, quienes, además, son responsables de proveer a sus seres queridos con insumos básicos, como alimentos y medicamentos», indicó.
Por tanto, JEP pidió a las autoridades «informar de manera inmediata y oficial el paradero actual de los hermanos Guevara, así como de todas las personas trasladadas recientemente».
«Los traslados arbitrarios no solo agravan las condiciones de reclusión, sino que también constituyen una forma de maltrato institucional hacia quienes ya enfrentan múltiples formas de exclusión y abandono. El Estado tiene la obligación de garantizar derechos, no de profundizar el sufrimiento», agregó.
Rolando y Otoniel Guevara fueron sentenciados a 27 años de cárcel por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, mientras que Juan Guevara fue condenado a 30 años de prisión por el mismo delito y, además, por porte ilícito de armas.
El pasado abril, representantes legales pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenar la liberación de los Guevara, pues afirmaron que el caso se trató de un montaje con testigos falsos y lleno de irregularidades procesales.
