Ciudad de Guatemala, 29 abr (EFE).- El periodista José Rubén Zamora, el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, el viceministro Luis Pacheco, el abogado Gustavo Masaya y el líder indígena Héctor Chaclán permanecen encarcelados en Guatemala como “presos políticos” por la persecución judicial en su contra por parte del Ministerio Público (Fiscalía), denunciaron ONG guatemaltecas.
“Se está utilizando la prisión política para atemorizar a las organizaciones sociales, a los líderes indígenas, a periodistas y jueces, para que tengan miedo de manifestar o denunciar las violaciones y atropellos que suceden en el país”, advierte la abogada Wendy López, integrante de la organización no gubernamental Bufete de Pueblos Indígenas.
López aseguró a EFE que el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general, Consuelo Porras, es desde 2018 el “bastión” de la persecución selectiva, apoyada por varios jueces que “se han prestado” para emitir órdenes de captura en esos casos.
Las detenciones más recientes tuvieron lugar el pasado miércoles, con la captura del actual viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, y del líder indígena Héctor Chaclán, acusados de terrorismo por el Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.
Tanto Pacheco como Chaclán lideraron a la organización 48 Cantones de Totonicapán en defensa de la democracia en 2023, tras los intentos por parte del Ministerio Público de anular los resultados electorales que ese año llevaron a la presidencia al actual mandatario, Bernardo Arévalo de León.
Ambos se unen a un listado de “presos políticos” en el que se encuentra el periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde el 29 de julio de 2022 sin una condena en su contra, después de publicar casi 200 reportajes donde se detallaba la supuesta corrupción del Gobierno que presidió Alejandro Giammattei (2020-2024), también sancionado por EE.UU.
El caso de Zamora Marroquín es quizás el más emblemático tras pasar más de 1.000 días perseguido por el Ministerio Público, pero junto al periodista también se encuentran encarcelados el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo (por supuestos delitos administrativos) y el abogado Eduardo Masaya, por un caso en contra del partido oficial.
Una persecución “selectiva”
En opinión de Brenda Guillén, coordinadora de la organización Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), existe una “persecución selectiva” por parte del Ministerio Público tras la cooptación de las “instituciones del Estado”.
Guillén asegura que durante los últimos años su organización ha registrado a nivel judicial un “escenario peligroso y convulso” por decenas de casos donde la Fiscalía se dedica a “criminalizar” a líderes comunitarios que defienden derechos humanos o a personajes incómodos que denuncian la corrupción e impunidad en el país centroamericano.
“La criminalización se da en casos donde las pruebas son escasas. La Fiscalía pide reserva de los procesos para impedir acceso a los detalles (de la acusación). Se obstaculiza la defensa de los detenidos a toda costa, dilatan los procesos y se abusa de la prisión preventiva como una forma de venganza o castigo”, agrega López.
Actualmente, la fiscal general y la cúpula del Ministerio Público, al igual que dos jueces penales que han participado en los casos contra los “presos políticos”, se encuentran sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de “corrupción y acciones antidemocráticas”.
El mismo conjunto de fiscales que han encabezado los casos contra los “presos políticos” también intentó revertir los resultados electorales de 2023 por medio de secuestro de los votos y casos contra el vencedor, Arévalo de León, quien llegó al poder bajo un discurso anticorrupción.
Por su parte, la periodista guatemalteca Jovanna García, integrante del colectivo No Nos Callarán, conformado por decenas de redactores, fotógrafos y editores de Guatemala, manifestó que existe temor ante la “vulnerabilidad” de ser víctimas de procesos de criminalización.
“Trabajamos bajo exposición política y si personas como José Rubén Zamora o un líder social, que además es funcionario público, como Luis Pacheco, pueden ser detenidos arbitrariamente, cómo no vamos a sentirnos expuestos el resto”, reflexiona García.
De acuerdo con el Observatorio para Personas Defensoras de Derechos Humanos, actualmente hay al menos 80 guatemaltecos, entre periodistas, fiscales, abogados, activistas y defensores, exiliados por casos anómalos en su contra.
Guillén concluye que la salida de Porras de la Fiscalía en 2026 será un “momento clave” para intentar frenar la persecución política.
David Toro
