Pekín, 13 ago (EFE).- La ONG Chinese Human Rights Defenders (CHRD) instó este martes a las autoridades chinas a informar sobre el paradero y la situación del abogado de derechos humanos Gao Zhisheng, desaparecido desde agosto de 2017.
Según CHRD, Gao no ha sido visto desde el 13 de agosto de 2017, cuando intentó salir de la vigilancia a la que estaba sometido en la provincia central de Shaanxi con ayuda de activistas.
La organización indica que fue detenido por agentes que se cree procedían de Pekín y Shaanxi, y que desde entonces las autoridades no han reconocido oficialmente su custodia.
Gao, que en la década de 1990 defendió a miembros de comunidades religiosas, víctimas de corrupción y casos relacionados con la libertad de expresión, comenzó a ser objeto de medidas punitivas en 2005, cuando se cerró su despacho y perdió su licencia para ejercer, según la organización.
En 2006 fue condenado por un tribunal de Pekín a tres años de prisión, con suspensión de la pena y cinco años de libertad condicional, por «incitar a la subversión del poder del Estado».
Entre 2007 y 2010, Gao fue objeto de varias desapariciones forzadas por parte de autoridades de Pekín y Shaanxi, según CHRD.
En 2011, un tribunal revocó su libertad condicional y lo envió a prisión para cumplir la pena original, tras lo cual fue puesto bajo arresto domiciliario en Shaanxi, donde, de acuerdo con la ONG, no tuvo acceso adecuado a atención médica pese a problemas de salud derivados del encarcelamiento.
«Las autoridades chinas están legalmente obligadas a aclarar el paradero, el bienestar y la situación de Gao», declaró Sophie Richardson, codirectora ejecutiva de CHRD.
La organización indica que, en 2017, el Gobierno chino comunicó a expertos independientes de la ONU que la desaparición de Gao estaba bajo investigación policial.
«Mi familia ha agotado todas las vías y recursos posibles, pero seguimos sin tener información sobre su paradero», afirmó su esposa, Geng He, que pidió «continuar buscando a Gao» como muestra de que «todavía tenemos el valor y la capacidad de defender esta última línea de defensa de la justicia», recoge el comunicado de la ONG.
Países como Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, así como la Unión Europea, han planteado su caso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en varias ocasiones desde 2018, sin que Pekín haya facilitado información sobre su paradero.
