Madrid, 5 jun (EFE).- Entidades de protección a la infancia han pedido al Gobierno blindar en el proceso de reubicación de los menores extranjeros no acompañados una herramienta estandarizada para valorar y escuchar a los jóvenes antes de los traslados, así como nombrar un defensor judicial que vele por su interés de forma independiente.
Organizaciones como Unicef España, Plataforma de Infancia o Save The Children han explicado a EFE sus aportaciones al borrador del real decreto de desarrollo en el que trabaja el Gobierno para regular el procedimiento de reubicación de los jóvenes desde zonas con los recursos tensionados a otros territorios.
Un mecanismo al que se opone buena parte de las comunidades autónomas, sobre todo las presididas por el PP, y que se traducirá, según prevé el Gobierno, en el traslado en un año de unos 4.400 jóvenes desde Canarias y Ceuta a otras zonas con más recursos para atenderles.
Registro, propuesta y traslado en 15 días
Este borrador, sometido a audiencia pública hasta ayer, desarrolla el procedimiento para derivar a los menores y contempla que la comunidad de origen deberá realizar una entrevista individualizada a cada joven antes de acordar su traslado.
Establece la participación del Ministerio Fiscal, al que se comunicará la propuesta de traslado y se pedirá informe en el caso de que el joven no quiera ser reubicado.
Dicta que la comunidad de origen será la responsable de los traslados, que serán financiados por el Estado mediante el fondo previsto en el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo, dotado con 100 millones de euros.
Y que el traslado lo realizarán profesionales de la entidad pública de origen, que deberán intercambiar información con los de destino sobre la situación de cada niño o adolescente, todo ello en el plazo de 15 días naturales desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.
El nuevo real decreto señala también que, en caso de que la comunidad se niegue a acoger a los menores, los profesionales que acompañen al joven pueden pedir ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que lo comunicarán al Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino.
Y establece que, si el menor no tiene autorización de residencia en España, esta deberá ser tramitada, con carácter preferente, por la Subdelegación del Gobierno correspondiente antes del traslado.
Piden un sistema estandarizado para evaluar a los menores
La especialista en migraciones de Unicef España, Sara Collantes, ha explicado que la entidad ha puesto el foco, con sus aportaciones, en el proceso de evaluación temprana de necesidades de los menores, fundamental para detectar casos como víctimas de trata o posibles solicitantes de protección internacional.
Aunque el borrador contempla este trámite a través de la entrevista personal, desde Unicef consideran que debería articular una herramienta común y estandarizada, que garantice que se escucha al menor durante el proceso, como el sistema que están tratando de impulsara actualmente Save The Children y Acnur en Canarias.
Collantes dice haber constatado que en momentos de «gravísima saturación» de los recursos en Canarias, como en 2018, 2021 o ahora, es habitual que no se atiendan las necesidades específicas de cada joven, lo que acaba provocando que, por ejemplo, se traslade a un chico a 700 kilómetros de distancia de donde vive un familiar suyo.
Para estas evaluaciones, proponen crear una unidad estatal de apoyo a la infancia migrante en emergencias basada en una bolsa de profesionales que podría desplazarse al territorio y así ayudar a cumplir con los «ambiciosos» plazos que marca el procedimiento.
Desde Save The Children también instan a incorporar modelos estandarizados y comunes en todas las comunidades autónomas para esta evaluación, lo que facilitaría el intercambio de información entre distintos territorios.
Subrayan la necesidad de contar con profesionales en mediación intercultural y técnicos especializados para escuchar al menor y piden evitar la «devolución automática» al sistema de origen de los jóvenes que se desplacen por sus propios medios a otro territorio, como establece el real decreto ley aprobado en marzo.
Instan a priorizar el traslado a territorios donde los jóvenes tengan redes personales y familiares de apoyo y a exigir a las comunidades que impulsen el acogimiento familiar.
Un defensor judicial para velar por el interés del menor
La Plataforma de Infancia, que engloba a más de 70 organizaciones especializadas, propone el nombramiento de un «defensor judicial» en el procedimiento de reubicación de los menores, una figura que la ley contempla para casos donde hay conflicto de intereses entre el joven y su representante legal.
Pide que se garantice el asesoramiento jurídico independiente y, en su caso, el nombramiento de este defensor judicial, para que el joven comprenda el procedimiento y sea asesorado y representado en caso de tener una voluntad contraria a la de la entidad que ejerce su representación legal y pueda, por ejemplo, recurrir la decisión.
La Fundación Raíces, por su parte, ha alertado en sus aportaciones del riesgo que presenta el modelo planteado por la posibilidad de que sea declarado inconstitucional, como han planteado varias comunidades autónomas, un peligro «excesivamente alto» para la vida de miles de niños y adolescentes.
Además de subrayar la importancia de la asistencia jurídica, piden tener en cuenta para decidir los traslados los recursos de cada comunidad para el tránsito a la vida adulta del menor, sobre todo en caso de personas cercanas a la mayoría de edad.
Y por su parte, Andalucía Acoge propone, además, que se ponga a disposición para las derivaciones todas las plazas de los sistemas de menores y no solo las específicas para migrantes y que se incorpore al procedimiento un monitoreo externo por parte de organizaciones internacionales y entidades sociales.
