Ciudad de México, 3 sep (EFE).- Organizaciones de derechos humanos en México y familiares de la defensora Digna Ochoa, asesinada en 2001, denunciaron este miércoles el incumplimiento del Estado mexicano en el caso, a cuatro años de la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Gobierno por la deficiente investigación del crimen caracterizado por amenazas y agresiones previas.
Soledad Sánchez, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), advirtió en una conferencia de prensa que de las 14 medidas de reparación dictadas por la CIDH en 2021, el Estado mexicano solo ha cumplido con una de ellas.
Esto, aseveró, representa un incumplimiento de 93 % de las medidas dictadas por la CIDH, de las cuales, la única que se ha cumplido fue una disculpa pública en octubre de 2022.
Digna Ochoa y Plácido era una destacada defensora de derechos humanos en México que participó en investigaciones de alto perfil y su cuerpo fue encontrado en un despacho jurídico el 19 de octubre de 2001 con un disparo en una pierna y otro en la cabeza. Aunque la conclusión de la entonces Procuraduría General de Justicia fue que la abogada había cometido un «suicidio simulado».
Jesús Ochoa, hermano de Digna, recapituló que la CIDH expresó “muy claramente” su preocupación por el tiempo “transcurrido del crimen” y porque «no se haya avanzado absolutamente nada” sino hasta 2021.
Además, indicó que la sentencia ordena al Estado mexicano a reabrir el caso e investigar exhaustivamente los hechos, incluyendo a los funcionarios “cuyas acciones u omisiones han obstaculizado las investigaciones”.
Denunció que tampoco ha habido “ningún avance” en los últimos cuatro años, y urgió al Gobierno mexicano a investigar a los funcionarios que intervinieron en el caso, como dictaminó la CIDH.
En particular, Ochoa señaló al fiscal Renato Sales Heredia, quien en diciembre del 2021 “fue el creador de la hipótesis del suicidio simulado”.
También pidió indagar a los exfuncionarios Margarita Guerra y Tejada, José Antonio Pérez Bravo, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Bernardo Bátiz Vázquez (recién electo como parte del Tribunal de Disciplina Judicial).
“No pedimos otra cosa más que justicia. Que la famosa cuarta transformación (termino alusivo al Gobierno actual) no solamente se convierta en benefactor de obras y programas sociales para el Estado mexicano, sino también para la justicia”, enfatizó.
Sánchez puntualizó que de las 14 medidas de reparación dictadas por la CIDH, cinco corresponden directamente a la reparación de la familia Ochoa y Plácido, donde se incluye la disculpa pública, además de tras nueve que responden a la necesidad de «generar cambios estructurales para la no repetición de este tipo de hechos.
Entre estas, Sánchez destacó la falta de una campaña nacional de reconocimiento de la labor de las personas defensoras y de protocolo federal de investigación de estos crímenes y ataques, así como la necesidad de fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección a personas defensoras y periodistas.
Saulo Loya, integrante del Espacio OSC, que agrupa a 14 ONG de DDHH en México, señaló que de 2016 a la fecha, han documentado 205 asesinatos a defensores y periodistas, así como 28 intentos de homicidio y 62 desapariciones.
Apuntó, además, que el 47 % de los ataques han sido perpetrados por funcionarios públicos.
Entre enero de 2023 y julio de 2025, se rechazaron el 68 % de las solicitudes de defensores, y el 45 % de periodistas, para incorporarse al Mecanismo Nacional de Protección, «lo que refleja la falta de respuesta efectiva por parte del Estado», resaltó.
