Nueva York, 22 sep (EFE).- Miembros de Greenpeace y otros grupos como Amazon Watch llamaron este lunes a la «acción colectiva» para hacer frente a las empresas que tratan de silenciar a organizaciones de activistas.
En una conferencia celebrada en Nueva York como parte de la Semana del Clima -que se celebra en paralelo a la semana de alto nivel de la ONU-, las organizaciones pusieron el foco en las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, más conocidas como «SLAPP».
Se trata de un tipo de litigio civil cada vez más utilizado por corporaciones, políticos y otros grupos poderosos contra activistas, opositores o periodistas, entre otros.
«Ser defensor de los derechos humanos es una tarea increíblemente peligrosa en todo el mundo y en todos los sectores, y podría decirse que nunca ha sido tan importante como ahora, en un contexto de creciente riqueza, poder e influencia de las empresas en todo el mundo», apuntó en la ponencia Michael Clements, de la organización Business & Human Rights Resource Center.
Clements, que ejerce como directora de programas internacionales y derechos humanos de esta organización, aseguró que uno de cada cinco de estos ataques corporativos se dirige contra pueblos indígenas, pese a que estos solo representan el 6 % de la población mundial.
Esto refleja la «carga externa» que soportan estas comunidades, tanto en la defensa de su propia cultura, sus tierras y su vida como en lo que hacen por el planeta y «por el resto de nosotros».
Una llamada a la «solidaridad» y la acción colectiva
Los ponentes de hoy pusieron como ejemplo la demanda interpuesta a Greenpeace por la empresa Energy Transfer (ET), que la acusó de incitar unas protestas contra la construcción de un oleoducto de la compañía que derivaron en actos de vandalismo.
Según Energy Transfer, la organización incitó las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access, en el norte del país, que retrasaron el proyecto y elevaron los costos.
El pasado marzo, un jurado declaró a Greenpeace responsable de difamación y otras demandas presentadas por ET, un veredicto que la obligará a pagar más de 660 millones de dólares a la empresa.
Por ello, los ponentes hicieron hoy hincapié en la importancia de la «solidaridad» entre grupos que se han visto afectados por las llamadas SLAPPS.
«La solidaridad y la organización colectiva son enormemente importantes para los defensores. Una demanda SLAPP es una experiencia solitaria porque están diseñadas no solo para silenciarte, sino también para arruinarte económicamente con procesos legales largos», afirmó Clements.
Clements subrayó que, pese a todo, ha habido avances en este ámbito, y recordó que el Parlamento Europeo aprobó el año pasado una directiva anti-SLAPP y que, en Sudáfrica, un juez reconoció que estas demandas son una forma «de abuso del proceso judicial».
Con ella coincidió Christian Poirier, director de programas de Amazon Watch, que abogó por alimentar «la esperanza» y que la solidaridad y el trabajo colectivo sean parte de este proceso «de resistencia».
Mientras que Joseph Wilde-Ramsing, director de incidencia política en la organización SOMO, apostó hoy por «golpear en el bolsillo» a las compañías que recurren a estas tácticas y «ejercer presión sobre sus inversores y socios comerciales».
