Bogotá, 8 jul (EFE).- La Oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos expresó este martes su «profunda preocupación» por las violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) en el suroeste de Colombia, donde «ataques indiscriminados» en el marco del conflicto han dejado 18 muertos y 120 heridos en lo que va de año.
«Expresamos profunda preocupación por (el) reiterado incumplimiento del DIH en ataques indiscriminados en Cauca y Valle del Cauca (suroeste) en 2025 y que provocaron la muerte a 10 civiles y 8 uniformados; dejaron 120 civiles heridos; y afectaciones físicas, sicológicas y a bienes civiles», señaló la oficina en X.
El organismo condenó además un reciente atentado con explosivos en El Bordo, cabecera del municipio de Patía (Cauca), que dejó como saldo la muerte de una mujer que transitaba por el lugar y dos policías heridos.
En ese sentido, la entidad recordó que el DIH prohíbe «realizar ataques indiscriminados en los que se emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar y en consecuencia pueden alcanzar indistintamente, tanto objetivos militares como a personas civiles o bienes civiles».
«Instamos a todo actor armado a respetar los derechos humanos de la población y las normas del derecho internacional humanitario, las cuales están obligados a cumplir», sostuvo la ONU, que también hizo un llamado al Estado a proteger a la población y a avanzar en la política de desmantelamiento de grupos armados ilegales.
Cauca y Valle del Cauca son dos de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia, donde confluyen disidencias de las extintas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos ilegales que se disputan el control territorial y las economías ilícitas.
A comienzos de junio, esta región del país fue escenario de 24 atentados en menos de 24 horas, que el Gobierno atribuyó a las disidencias de las FARC comandadas por alias ‘Iván Mordisco’.
Esos ataques incluyeron explosiones de coches bomba, hostigamientos armados y ataques contra la Policía, que dejaron al menos ocho muertos, entre ellos dos uniformados.
A pesar de la política de «paz total» del presidente colombiano, Gustavo Petro, los avances en este sentido han sido limitados en los últimos años, y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) califica la situación humanitaria en el país como la peor desde el acuerdo de paz con las FARC en 2016.
