Guayaquil (Ecuador), 5 ago (EFE).- Los partidos de oposición de Ecuador mostraron este martes opiniones divididas sobre el contenido de las siete preguntas que el presidente Daniel Noboa hizo públicas horas antes y que plantea que estén en el referéndum que está previsto para diciembre.
El mandatario busca que los ecuatorianos aprueben en las urnas una serie de reformas parciales y enmiendas a la Constitución relacionadas con el establecimiento de bases militares extranjeras, el financiamiento estatal de las organizaciones políticas, la reducción del número de asambleístas y la contratación por horas en el sector del turismo.
Además plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo encargado de la designación de autoridades como la de la Fiscalía o Contraloría, o que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser juzgados políticamente.
Sin embargo, desde el correísmo, la mayor fuerza opositora del país, aseguraron que algunas de esas preguntas ya fueron incluidas en anteriores consultas populares y rechazadas por los ecuatorianos.
«Creo que la próxima pregunta que deberíamos incluir en una consulta popular es si los ecuatorianos estamos de acuerdo en que nos vuelvan a consultar sobre algo que ya fue consultado», dijo irónicamente la asambleísta Ana Herrera, de la Revolución Ciudadana (RC), movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Puso como ejemplo la pregunta relacionada con el trabajo por horas, que ya se incluyó en la consulta de abril de 2024 con un enfoque más amplio y no enfocado a un solo sector como se plantea ahora.
Lo planteado «no va resolver la crisis»
Correa también rechazó el contenido de la mayoría de las preguntas, al considerar que no van a «resolver la crisis que vive el país», y que algunas «seguro la va a empeorar», pero apuntó que en varias había que esperar a leer el anexo para conocer realmente cuál es el alcance de la propuesta de reformas y enmiendas.
En la que sí estuvo de acuerdo Correa es en la del juicio político a los integrantes de la Corte Constitucional, ya que aseguró que «este organismo se ha prestado para cualquier cosa».
«Poner una Corte Constitucional intocable responde a democracias más maduras», añadió.
Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), también reiteró que los ecuatorianos ya habían dicho «no a la precarización del trabajo por horas», y que otros cambios con los que podrían estar de acuerdo, como el de la eliminación del CPCCS, deben hacerse por otras vías.
«Llamen a una Asamblea Constituyente y ahí el pueblo ecuatoriano dirá sí o no, pero como quieren hacerlo, vía enmienda, es inconstitucional», mencionó.
Apoyo a algunas, otras están en análisis
Por su parte, Otto Vera, legislador del conservador Partido Social Cristiano (PSC), dijo que ellos sí están de acuerdo con algunas de las preguntas planteadas por el Noboa, aunque en otras prefieren esperar a leer los anexos para pronunciarse oficialmente.
«El tema del trabajo por horas me parece que incluso podría modularse para que esta pregunta no solamente se extienda al campo del turismo. Es algo que nosotros seguramente vamos a apoyar como partido», adelantó.
Pero en el caso de preguntas como la disminución del número de asambleístas o la eliminación del financiamiento a partidos, dijo que tienen que analizarlo a profundidad.
Noboa anunció hace unos días que la fecha tentativa para la realización del referéndum sería el 14 de diciembre, aunque estas preguntas deben pasar primero por la Corte Constitucional, que debe calificarlas y determinar la vía de trámite, para luego pasar al Consejo Nacional Electoral (CNE).
