Palma, 30 may (EFE).- El Govern balear ha suspendido la actividad de una de las naves de la explotación avícola Ses Cisternetes, en el municipio mallorquín de Llucmajor, y ha ordenado el sacrificio de unas 20.000 gallinas tras detectar graves deficiencias higiénicas.
Según ha informado este viernes el conseller autonómico de Agricultura, Joan Simonet, su departamento ha puesto en marcha un expediente sancionador que contempla hasta siete infracciones calificadas como graves, que podrían representar multas de hasta 60.000 euros cada una.
Organizaciones ecologistas denunciaron a principios de semana que esta granja avícola, con un total de casi 140.000 ejemplares, incumplía de forma flagrante las normas de bienestar animal, puesto que las gallinas vivas convivían con ratas y cadáveres en descomposición.
Tras la inspección llevada a cabo por técnicos del departamento de Agricultura y agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, la explotación ha sido dada de baja en el registro oficial y todos los huevos producidos en su interior han sido inmovilizados.
Se ha prohibido a la empresa que distribuya y comercialice estos huevos para evitar que entren en la cadena alimentaria, ha explicado la administración autonómica en un comunicado.
Las infracciones detectadas se refieren a distintos aspectos de la regulación higiénica de la producción ganadera y se derivan de las condiciones de limpieza en la nave clausurada, “especialmente deficientes”, según los inspectores.
Los técnicos constataron en su visita a la granja, que se prolongó ocho horas, la presencia de ocho roedores muertos y quince gallinas en avanzado estado de descomposición, lo que evidencia una ausencia de control sobre la retirada diaria de animales fallecidos y unas medidas de bioseguridad “inadecuadas”.
El conseller Simonet ha recalcado que la actuación del Govern se ha basado estrictamente en los datos técnicos disponibles y busca garantizar tanto el bienestar animal como la seguridad alimentaria. “Una vez analizada toda la documentación, hemos actuado con firmeza y responsabilidad”, ha señalado.
El director general de Agricultura, Fernando Fernández, ha detallado que en el resto de naves de la explotación —cinco en total— se detectaron deficiencias leves que no constituyen infracciones graves y que son susceptibles de corrección inmediata.
Fernández ha recordado que la explotación ya fue objeto de una inspección en agosto de 2024, que motivó un primer expediente sancionador y medidas cautelares. En octubre se denunció el caso ante la Fiscalía por posible delito ambiental, aunque la causa fue archivada en febrero de este año.
La última visita de control se realizó el pasado 27 de febrero, cuando se reiteró la obligación de reducir el censo de gallinas a 40.000 antes de diciembre de 2025. No obstante, el Govern subraya que el cómputo oficial de dicho plazo no comienza hasta junio, por razones administrativas, por lo que la empresa aún estaba en plazo para cumplir esta exigencia.
