Quito, 10 sep (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó este miércoles la prisión preventiva contra quince personas detenidas en el marco de un operativo en el que se incautaron 103 bienes de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Además, la orden prohibió la enajenación de bienes muebles e inmuebles y el congelamiento de las cuentas de los involucrados en el sistema financiero nacional, indicó la Fiscalía.
En el caso denominado «Comandos de la Frontera», las quince personas están procesadas porque se presume que lavaron activos por más de 354 millones de dólares, indicó el Ministerio Público, que añadió que para las cinco personas jurídicas procesadas, se ordenó la suspensión temporal de actividades y la intervención de la entidad correspondiente.
En la víspera, se adelantaron 68 allanamientos en nueve provincias, en medio de la lucha contra las bandas del crimen organizado que adelanta el Gobierno del presidente Daniel Noboa, quien las cataloga como «terroristas» tras decretar en el país, en enero de 2024, el estado de ‘conflicto armado interno’.
Noboa aseguró que se trata del «mayor golpe a las economías criminales en la historia de Ecuador: más de trecientos millones de dólares en bienes incautados a los ‘Comandos de la Frontera’, disidentes de las FARC».
Esquema societario
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló en la víspera que la organización delictiva se dedicaba presuntamente al lavado de activos, principalmente en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia y Perú, y que era liderada por Roberto Carlos Álvarez Guerra, alias ‘gerente’, miembro «activo y presunto líder del grupo armado ‘Comandos de la Frontera’, quien es responsable de la muerte de policías, militares y civiles».
«Con su esposa, hijos y demás miembros de su círculo familiar, constituyeron un esquema societario para ingresar grandes cantidades de dinero al sistema financiero nacional por actividades ilícitas como delincuencia organizada para tráfico de drogas», señaló Reimberg.
Otra de las piezas claves era Juan Carlos Chulca Chiliquinga, alias «Chavalo», quien registra ingresos injustificados por más de nueve millones de dólares, que no guardan relación con las actividades económicas declaradas, indicó el Ministerio al precisar que es, además, hermano de alias «gerente».
Reimberg anotó que las operaciones, en el marco de las investigaciones, se realizaron en otros tres países (que no reveló), «donde tendrían vínculos y compañías».
Haciendas
Entre los bienes incautados de mayor extensión se encuentran dos haciendas que suman un total del 620 hectáreas en Santo Domingo de los Tsáchilas, así como una hacienda de 470 hectáreas en Esmeraldas (fronteriza con Colombia), dijo el jefe de la cartera del Interior al agregar que se detuvo a diez personas y se confinó a cinco en las cárceles.
Entre otros bienes se encuentran lubricadoras, ferreterías, mecánicas, bodegas, lotes y terrenos con cultivos de palma africana (arteria económica de sus actividades ilegales), mansiones, casas, departamentos, gasolineras, bodegas y parqueaderos, entre otros.
Once militares asesinados
El pasado 12 de julio, la justicia condenó a trece años de prisión a cinco personas por el delito de delincuencia organizada, acusadas de formar parte de la estructura de los Comandos de la Frontera.
Además, fueron sentenciadas por el mismo delito otros ocho acusados a diez años de cárcel, quienes, según la Fiscalía, formaban una red dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos que operaba en la frontera colombo-ecuatoriana y que estaría vinculada a varios hechos delictivos cometidos entre 2023 y 2024.
Ese caso salió a la luz a finales de agosto de 2024, cuando las fuerzas de seguridad realizaron un operativo simultáneo en Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Orellana y Sucumbíos.
De acuerdo con las investigaciones policiales, esta banda criminal está detrás del envío de cargamentos de cocaína a México y España.
A los Comandos de la Frontera se les atribuye la matanza de once militares ecuatorianos en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal realizado en mayo pasado en la zona de Alto Punino, situada entre las provincias amazónicas de Orellana y Napo, donde también murieron tres de los atacantes.
