Madrid, 10 jul (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a un juzgado madrileño reabrir la causa por el apaleamiento de un muñeco que representaba al presidente del Gobierno junto a la sede del PSOE en la calle Ferraz el 31 de diciembre de 2023, al considerar que podría constituir un delito de amenazas contra Pedro Sánchez.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, los magistrados estiman el recurso interpuesto por la Fiscalía y, parcialmente, los recursos presentados por el presidente del Ejecutivo y por el PSOE, y anulan la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid de archivar el caso, el pasado mes de febrero.
Los jueces argumentan que «resulta precipitado el cierre de la causa, sin perjuicio de las conclusiones a que se llegue al concluir la instrucción», ya que «no puede excluirse a priori y desde la exclusiva perspectiva de la investigación penal, la tipicidad de los hechos como delito de amenazas del artículo 169 del Código Penal».
Descartan sin embargo que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de un delito de odio, ni que se deriven a la Audiencia Nacional.
En la resolución los magistrados dirimen sobre los dos pronunciamientos de la jueza de instrucción: la decisión de no inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, al no apreciar un delito de injurias y amenazas graves al Gobierno de la Nación, y la de dictar el archivo al entender que los hechos no son delictivos el incardinarse en el derecho a la libertad de expresión.
Y dan la razón a los recurrentes en este segundo hecho, concluyendo que «no puede excluirse a priori y desde la exclusiva perspectiva de la investigación penal, la tipicidad de los hechos como delito de amenazas».
Así explican que -en contra de lo dictado por la jueza- «con toda evidencia» el muñeco apaleado «representaba al presidente del Gobierno», teniendo en cuenta «el contexto del suceso y las expresiones proferidas».
Destacan «la violencia de las imágenes del hecho, en que la figura es colgada de una soga y golpeada con brutalidad, además de sufrir otras vejaciones simbólicas detalladamente descritas en la denuncia del PSOE», unido a «la profusión de amenazas contra el destinatario y referidas a la sede del PSOE –colgadlo de los pies, hay que quemar Ferraz, a por Sánchez oé-«.
Añaden que todo ello ocurrió en las proximidades de la sede del PSOE y las amenazas fueron proferidas «por sujetos integrados en una muchedumbre que ocasionó problemas de orden público que, al parecer, han sido objeto de otro procedimiento», en lo que configuraba «un cuadro intimidante de suficiente intensidad como para, provisionalmente, hablar de amenazas graves».
Y defienden que «no puede apreciarse en este momento que tales amenazas tengan justificación suficiente en el libre ejercicio de la libertad de expresión, por más que se produjeran dentro de una manifestación de protesta cuya legitimidad, a priori, no parece discutible».
Los magistrados de la audiencia madrileña rechazan en cambio que los hechos denunciados constituyan un delito de odio, ya que aunque «sin duda exista un componente de odio ‘ideológico'» y se refleja «una animadversión visceral» hacia el presidente del Gobierno, sin embargo no se cumple el requisito de que afecte a «grupos o colectivos vulnerables o históricamente atacados por discursos de odio».
Rechazan asimismo que se incardinen en un delito de injurias y amenazas graves al Gobierno de la Nación y, por tanto, que la causa sea competencia de la Audiencia Nacional, como defendían el PSOE y el propio Pedro Sánchez, ya que según el atestado policial las amenazas se dirigen contra el presidente y contra le PSOE.
Precisan que los gritos proferidos por un manifestante que decía frases como «todo el Gobierno a prisión» no son una amenaza a las instituciones «sino más bien desahogo o expresión de un deseo cuya realización está lejos del alcance de quien lo profiere».
La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid archivó por primera vez la causa en febrero de 2024, rechazando que hubiera delito en una protesta en la que «lo más violento fue golpear a una piñata» que «en ningún caso», asegura, se parecía al presidente del Gobierno.
En diciembre de 2024 la Audiencia de Madrid ordenó revisar ese archivo -estimando parcialmente los recursos de la Fiscalía, el PSOE y la representación de Pedro Sánchez-, para evaluar la calificación de los hechos denunciados.
