Bogotá, 19 ago (EFE).- La Procuraduría General de Colombia (Ministerio Público) ordenó este martes suspender por tres meses al jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade, postulado como embajador en Brasil, mientras lo investiga por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo modelo de emisión de pasaportes.
«La decisión de la Procuraduría solicita al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que proceda a hacer efectiva esta medida», señaló el ente de control en un comunicado.
El Ministerio Público precisó que «la determinación de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, desencadenada por el tema de los pasaportes, se da, en principio, por un término de tres meses».
La entidad había abierto el pasado 9 de julio una investigación disciplinaria contra Saade por presuntas «conductas indebidas que habría asumido para presionar la firma del convenio entre la Imprenta Nacional y Portugal para la fabricación y suministro de pasaportes».
En concreto, la Procuraduría investiga si el jefe del Despacho Presidencial, quien lleva apenas dos meses en el cargo, se extralimitó en sus funciones al dar instrucciones a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para que racionalizaran la asignación de citas para expedir pasaportes.
Por este caso, el Ministerio Público también investiga a la actual ministra encargada de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y a los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo.
Petro postuló hace cuatro días como nuevo embajador en Brasil a Saade, quien se ha convertido en una de las figuras más controvertidas de su gabinete, pues suele hablar de cerrar el Congreso y medios de comunicación, e impulsa la reelección del mandatario, pese a que la Constitución colombiana no lo permite.
Saade, que dice ser pastor evangélico, fue precandidato presidencial en 2022 del Pacto Histórico, el partido de Petro, pero acabó dejando de lado su aspiración personal para apoyar al hoy mandatario, a quien defiende con vehemencia en las redes sociales.
Polémica con los pasaportes
La polémica con los pasaportes comenzó en 2023 cuando el entonces canciller, Álvaro Leyva, suspendió el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, encargada del proceso durante los últimos 17 años, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia.
Para remplazar a esa firma, el Gobierno firmó este año un memorando de entendimiento con Portugal y la Imprenta Nacional, a pesar de las advertencias de la entonces canciller Sarabia de que esta última carecía de la capacidad técnica necesaria para la elaboración de los documentos.
Por eso, antes de dejar el cargo, en julio pasado, Sarabia prorrogó por un año el contrato con Thomas Greg & Sons, una decisión que fue luego revertida por Saade, quien además ordenó al equipo de la Cancillería «demorar la asignación de citas para ‘hacer rendir’ el ‘stock’ de pasaportes que queda», según la excanciller.
Bajo la dirección de Villavicencio, el Gobierno anunció en julio pasado la firma del acuerdo con Portugal para implementar el nuevo modelo de expedición de pasaportes, en conjunto con la Imprenta Nacional, y en sustitución de Thomas Greg & Sons.
