La Paz, 2 jul (EFE).- Cinco organizaciones de la sociedad civil de Bolivia acusaron este miércoles al Gobierno de Luis Arce de «forzar» la aprobación de dos contratos con empresas de China y Rusia para la explotación de litio, al considerar que esta decisión «no le corresponde» porque quedan cuatro meses para que termine su gestión.
Las fundaciones Jubileo, Milenio y Solón, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y el Club de Ginebra emitieron un comunicado conjunto en el que advierten que el Ejecutivo «pretende forzar» la aprobación de los proyectos de ley que avalan los contratos con la empresa china CBC y con la rusa Uranium One Group.
«Expresamos nuestro firme rechazo y declaramos estado de alerta ante esta tentativa de comprometer el futuro del país en un momento crítico de inestabilidad política y profunda crisis económica», señalan estas organizaciones que estudiaron los proyectos de explotación del litio boliviano.
Recordaron que el país está «a escasos días» de las elecciones generales del 17 de agosto próximo, por lo que la decisión de dar luz verde a los contratos sobre la explotación del litio «no le corresponde ni a este Gobierno, ni a esta Asamblea» Legislativa.
El Gobierno boliviano firmó en 2023 acuerdos para la implementación de la tecnología de extracción directa de litio (EDL) con las compañías chinas CATL BRUNP & MOC (CBC) y Citic Guoan y en 2024 con la rusa Uranium One Group para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio.
En 2024 se formalizaron los acuerdos con Uranium One Group y CBC mediante la firma de contratos que fueron enviados al Legislativo para su análisis y aprobación, aunque en febrero se suspendió su tratamiento para socializar el contenido de los documentos, ante reclamos surgidos en la región andina de Potosí, donde está uno de los yacimientos.
Las entidades civiles que emitieron el comunicado esta jornada señalaron que los contratos «no muestran ninguna garantía de éxito técnico de una tecnología cuya utilización no se ha demostrado en las condiciones de los salares bolivianos».
Sostienen además que los proyectos «son incompletos, confusos e incongruentes en su redacción y alcance» y que «trasladan los riesgos financieros al Estado, al comprometer» a la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) «a reembolsar a las empresas extranjeras sus inversiones, costos recuperables y remuneraciones, mediante la producción de carbonato de litio».
Asimismo, afirman que los contratos «no abordan adecuadamente los impactos ambientales por falta de información científica básica, ni establecen mecanismos claros de mitigación» y «dificultan la posibilidad de renegociar a futuro un aumento en las regalías mineras para el departamento de Potosí y los municipios productores».
«Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a proteger los recursos naturales estratégicos como el litio y no aprobar los proyectos de contrato que le han sido sometidos. Asimismo, convocamos a la ciudadanía, instituciones, organizaciones y líderes a mantenerse vigilantes», añade el comunicado.
El Gobierno asegura que Bolivia posee una de las mayores reservas de litio del mundo, estimadas en unos 23 millones de toneladas, según un estudio estatal.
La mayor parte de estas reservas están en el salar de Uyuni, en Potosí, que tiene una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados.
