Guayaquil (Ecuador), 3 oct (EFE).- La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, que agrupa a catorce organizaciones a nivel nacional, reportó este viernes que registra 183 vulneraciones a derechos humanos suscitadas durante las protestas indígenas contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa por la eliminación del subsidio al diésel.
La mayoría de estas vulneraciones, como a la integridad física y mental o la libertad, habrían sido supuestamente cometidas por las Fuerzas Armadas y en localidades de la provincia de Imbabura, en el norte del país, que se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, aseguró en una rueda de prensa la coordinadora de la Alianza, Vivian Idrobo.
«Las Fuerzas Armadas ven a las personas como su enemigo, no las ven como un ciudadano o ciudadana con derechos a los que hay que respetar», criticó la portavoz de las organizaciones.
Idrobo relató que la Alianza ha recibido más de 400 reportes de posibles violaciones de derechos, pero que solo ha oficializado los que ha confirmado.
Hasta la noche del jueves, los grupos documentaron que 103 personas han resultado heridas y también han recibido denuncias de once personas desparecidas de forma temporal.
La portavoz dijo que tienen conocimiento de que los detenidos son «golpeados» y «vejados», pero que «eso no se refleja en los certificados médicos, salvo en unos pocos y que cuando se refleja no hay ningún tipo de consecuencia en los procesos».
Además, desde la Alianza hicieron un llamado a la Fiscalía para que «no use de forma abusiva tipos penales como terrorismo o como ataque y resistencia y que respete los estándares internacionales en relación con el derecho a la protesta».
«No maltratamos a los militares»
En la rueda de prensa también participó Martha Tuquerres, la presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), quien aseguró que los trece militares que habían sido retenidos el domingo por comunidades de Imbabura y que fueron liberados el martes «nunca fueron maltratados ni violentados», como había dicho el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
La lideresa dijo que «rescataron a trece militares» que se encontraban en sus comunidades y que ya estaban heridos debido a los enfrentamientos. «Fueron resguardados y cuidados en todo momento. Fueron atendidos por médicos comunitarios y por la Cruz Roja, constatando que eran lesiones menores».
Loffredo había dicho que algunos de los soldados tenían «brazos y piernas fracturadas, cabezas rotas, contusiones, quemaduras», entre otras lesiones.
Tuquerres relató que hubo una audiencia de justicia indígena y que luego fueron entregados en presencia de la Cruz Roja, de la Defensoría del Pueblo, y de otras autoridades.
La presidenta de la Unorcac lamentó también que desde el Gobierno no se haya emitido un pronunciamiento oficial sobre Efraín Fuerez, un comunero que falleció el pasado sábado presuntamente a causa de una bala disparada por las Fuerzas Armadas.
Lucila Guitarra, viuda de Fuerez, dijo en unas cortas declaraciones que su esposo y ella siempre han salido a «defender los derechos del pueblo ecuatoriano» y que no son «terroristas».
Abiertos al diálogo
Tuquerres también señaló que como Unorcac se mantienen «en resistencia», pero que están abiertos al diálogo. Sin embargo, condicionó su participación a posibles mesas si desde el Gobierno no hay un pronunciamiento oficial sobre Fuerez y sobre la derogatoria del decreto con el que se eliminó el subsidio al diésel.
Este viernes, quince tramos de carreteras de cinco de las veinticuatro provincias se encuentran cerrados a causa de las manifestaciones lideradas por la Conaie.
El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
