San Salvador, 19 may (EFE).- Más de 30 organizaciones civiles de El Salvador e internacionales exigieron este lunes la liberación de la abogada anticorrupción y defensora de derechos humanos Ruth López, detenida la noche del domingo bajo el cargo de peculado.
“Exigimos la libertad de Ruth Eleonora López, abogada y defensora de derechos humanos”, indicaron en un comunicado difundido en redes sociales, en el que también expresaron su “profundo rechazo” ante la detención, informada cerca de la madrugada de este lunes por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Este acto representa un ataque directo a su labor como defensora y se suma a la arremetida de violencia contra quienes defienden los derechos humanos ocurrida en las últimas semanas”, advirtieron.
Las organizaciones señalaron que “durante los últimos años, desde su cargo como jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, (López) ha denunciado diversos casos de corrupción cometidos presuntamente por funcionarios y empleados públicos del gobierno actual”.
“Su captura no es un hecho aislado, se enmarca en un patrón preocupante de criminalización y persecución contra las personas que defienden los derechos humanos en El Salvador”, denunciaron e instaron a las autoridades a “garantizar el derecho al debido proceso y la integridad física y psicológica”.
López, incluida en 2024 por la BBC en la lista de las 100 mujeres más influyentes de ese año, es acusada por la Fiscalía del delito de peculado al supuestamente participar “en la sustracción de fondos de las arcas del Estado” cuando era asistente del exfuncionario Eugenio Chicas, quien se encuentra detenido.
La Fiscalía no ha detallado el monto cuestionado a la abogada, que es parte de la organización Cristosal.
Entre las 34 organizaciones que se han pronunciado se encuentran la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Acción Ciudadana y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Además, por su cuenta ha manifestado su preocupación las organizaciones internacionales Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington (EE.UU.) de Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
La abogada ha participado en la presentación de diversas demandas de inconstitucionalidad, informes relacionados con transparencia, en la presentación de avisos a la Fiscalía para que investigue el uso irregular de fondos estatales y en sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre El Salvador.
En octubre pasado participó en la solicitud a la Fiscalía para que investigue las irregularidades encontradas en la entrega de un bono por el Gobierno del presidente Nayib Bukele de 300 dólares a la población en la pandemia de la covid-19, que habría alcanzado un monto de 513 millones dólares.
La organización Cristosal es una de las principales organizaciones humanitarias de El Salvador que han recabado miles de denuncias de violaciones a derechos humanos de personas detenidas en el marco de un régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2021, entre ellas torturas y capturas arbitrarias.
