Caracas, 7 ago (EFE).- Representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL) convocaron este jueves a una manifestación en Caracas para el próximo 14 de agosto en contra de la «represión» que, aseguran, está «desatada» en el país.
«El jueves 14, dentro de una semana exactamente, estamos convocando a una movilización del pueblo trabajador, de las amas de casa, de las organizaciones sociales, de los cultores populares, de todos los sectores», señaló Eduardo Sánchez, presidente del sindicato de trabajadores de la UCV, en rueda de prensa.
El objetivo, prosiguió, es entregar un documento en la Defensoría del Pueblo y también en el Ministerio Público (MP, Fiscalía), porque, dijo, «la represión está desatada».
«Sabemos que hay una política represiva, pero esa solamente podemos derrotarla con organización, con articulación y con movilización y por eso este jueves a las 9:00 (13:00 GMT) estaremos en la plaza Morelos (centro de Caracas)», reiteró.
La convocatoria a esta protesta surge luego de la denuncia de agresión que asegura sufrió un grupo de familiares de presos políticos que se encontraba en una vigilia a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, donde solicitaban la atención de los casos judiciales de sus parientes.
Sánchez expresó su solidaridad con los familiares de los presos políticos y añadió que estas acciones buscan «aterrorizar a la población».
Igualmente, Dick Guanique, miembro del CNCTL, agregó que la manifestación es para exigir que se respete la Constitución, así como para rechazar los bajos salarios de los trabajadores venezolanos.
«Hoy la respuesta que ha dado el Gobierno nacional es la represión, la detención, el terror», dijo.
El miércoles, la ONG venezolana Surgentes rechazó las dificultades que, aseguró, tuvieron familiares de presos políticos para denunciar formalmente las agresiones.
Frente a la sede de la Fiscalía, Martha Grajales, activista de la organización no gubernamental, indicó a la prensa que, cerca de las 22:00 hora local (2:00 GMT) del martes, un grupo de personas, «algunas de ellas encapuchadas» y con «pistolas», llegaron en «más de 50 motocicletas» y robaron pertenencias, como teléfonos y documentos de identidad a los manifestantes, en su «gran mayoría mujeres».
Grajales señaló que este miércoles un grupo de familiares acudió al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pero «les dijeron que ellos no eran los competentes para tomar ese tipo de denuncia».
Además, ella misma, según contó, fue atendida en una oficina de atención de la víctima, donde -aseguró- le respondieron que «esa denuncia no procedía por ahí».
La vigilia tenía como objetivo exigir una reunión con la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, para solicitar la revisión de los casos judiciales de sus familiares, así como para denunciar la «falta de respuestas de las autoridades» a sus peticiones.
La ONG Provea, que condenó la «agresión contra más de 50 madres y activistas», dijo en X que «la ausencia de resguardo a la manifestación por parte de los organismos de seguridad pudo haber propiciado este nuevo ataque a la protesta social».
