Ciudad de Guatemala, 2 oct (EFE).- La Asamblea de Organizaciones Sociales de Guatemala exigió este jueves al Ministerio Público (Fiscalía) que ponga fin a la criminalización de líderes y activistas de la sociedad civil e indígenas al cumplirse dos años de las movilizaciones pacíficas de 2023, donde se manifestaron contra el intento de invalidar los resultados electorales de dicho año.
El colectivo social indicó en una conferencia de prensa que, pese a la naturaleza pacífica de las protestas de hace dos años, el Ministerio Público ha criminalizado a varios líderes sociales, entre ellos Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes se encuentran en prisión.
Las protestas en 2023 tuvieron lugar en contra de la Fiscalía durante 106 días, en rechazo a los intentos de la Fiscalía por derribar los resultados electorales que llevaron a la presidencia al actual mandatario, Bernardo Arévalo de León.
Estas manifestaciones fueron protagonizadas por la organización indígena 48 cantones de Totonicapán, quienes exigían la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, y el respeto a la democracia tras las elecciones generales.
Pacheco, actual viceministro de Energía y Minas, y Chaclán fueron detenidos en mayo y están acusados por el Ministerio Público por terrorismo y la jueza Carol Patricia Flores, señalada en el pasado por actos de corrupción, los imputó por dicho cargo y también por obstaculización a la acción penal, aunque la Fiscalía buscaba ligarlos al proceso judicial también por otros tres delitos, que incluían sedición.
A ellos se suma Esteban Toc Tzay, otro líder indígena miembro de los 48 cantones de Totonicapán, también detenido en agosto por su vinculación a las protestas.
«Esta persecución es una señal de miedo. Temen a la fuerza de un pueblo organizado porque saben que en 2026 estarán en juego las instituciones que garantizarán la justicia y la democracia», señaló Juan Pablo Muñoz, representante de las organizaciones, en referencia a las nuevas designaciones que se llevarán a cabo el próximo año en la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía.
«Lamentablemente nos damos cuenta que las instituciones que están para servir al pueblo hoy se sirven del pueblo de Guatemala. Los tres poderes del Estado están totalmente cooptados», dijo por su parte Edgar Tomas Godoy, en representación de las organizaciones sociales.
Las organizaciones sociales y de pueblos indígenas de Guatemala hicieron un llamado al pueblo del país centroamericano para «mantener la unidad» y a continuar con la lucha por un país justo y democrático».
Entre el 2 de octubre de 2023 y el 14 de enero de 2024, siete pueblos indígenas convocaron manifestaciones y un plantón frente a la sede de la Fiscalía para exigir la renuncia de Consuelo Porras y de otros actores del sistema judicial, a quienes señalaron de intentar romper el orden democrático y anular las elecciones de 2023.
La cúpula del Ministerio Público, comandada por la fiscal general Porras y su secretario general, Ángel Pineda, se encuentra sancionada bajo señalamientos de corrupción por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que incluyen denuncias por los presuntos intentos de derribar los resultados presidenciales de dicho año.
