Brasilia, 21 may (EFE).- El exjefe de la Fuerza Aérea de Brasil Carlos Baptista Júnior confirmó este miércoles ante la Corte Suprema que el expresidente Jair Bolsonaro pidió apoyo a los militares para intentar impedir que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, asumiera el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.
Baptista Júnior declaró como testigo en el proceso por golpismo que se tramita en la Primera Sala del Supremo y dijo que, en diciembre de 2022 y estando aún en el poder, Bolsonaro convocó a los jefes militares y les presentó unas “propuestas” que “atentaban contra el régimen democrático”.
Una de ellas fue una posible declaración de estado de sitio, sobre la cual Baptista Júnior preguntó a Bolsonaro si eso suponía impedir que Lula, ya presidente electo, tomará posesión de su cargo y recibió un “sí” como respuesta, según declaró ante el Supremo.
Agregó que, frente a eso, Bolsonaro escuchó una clara negativa por parte suya y del general Marco Antonio Freire Gomes, entonces comandante del Ejército, quien incluso le dijo al mandatario que si avanzaba por ese camino hasta podría ser “detenido”.
Baptista Júnior aseguró que, por su parte, le aclaró al líder de la ultraderecha que “la Fuerza Aérea no apoyaría ningún intento de mantenerse en el poder después del 1 de enero de 2023”, fecha en la que Lula debía asumir su mandato, lo cual efectivamente ocurrió.
También dijo que el entonces comandante de la Marina, almirante Almir Garnier, otro de los imputados en el proceso contra Bolsonaro, fue el único jefe militar que no se opuso claramente a esos planes golpistas.
El testimonio de Baptista Júnior ha confirmado lo dicho por el general Freire Gomes, quien también declaró como testigo en el proceso el lunes pasado y citó esa reunión, en la cual dijo que Bolsonaro planteó la posibilidad de impedir la investidura de Lula tras las elecciones de octubre de 2022.
“Expuse la importancia de evaluar todas las consecuencias”, dijo el lunes Freire Gomes, quien agregó que además le aclaró a Bolsonaro que “no tendría apoyo” de las Fuerzas Armadas y que, si insistiera en su tesis golpista, “podría ser encuadrado jurídicamente”.
Según la Fiscalía General, que actúa como parte acusadora, la trama golpista comenzó después de que Bolsonaro fue derrotado por Lula en su intento de buscar la reelección.
La conspiración habría desembocado en la asonada del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula y cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para incitar una intervención militar que derrocase al nuevo Gobierno.
De acuerdo con la Fiscalía, la conspiración tenía varias vertientes e incluía un plan para asesinar a Lula, al vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y al magistrado del Supremo Alexandre de Moraes, en la época jefe del Tribunal Electoral y hoy relator del proceso por golpismo.
Las denuncias formuladas por la Fiscalía sobre esos planes de magnicidio fueron aceptadas este martes por la Primera Sala del Supremo, que imputó por esos hechos a nueve militares y a un agente de la Policía Federal, con lo que el total de reos por la trama golpista llega ahora a 31, incluido el propio Bolsonaro.
