Ciudad de Panamá, 7 ago (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se mostró este jueves dispuesto de hablar con la filial panameña de la hongkonesa CK Hutchison sobre los dos puertos que opera a la entrada del Canal interoceánico, pero aclaró que «bajo ningún pretexto» será para «mantener el contrato leonino» de concesión.
Mulino se expresó así luego de que Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, pidiera proteger la concesión, respetar la seguridad jurídica y una «coordinación respetuosa» tras las demandas de inconstitucionalidad y nulidad presentadas contra el contrato de concesión de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) ante la Corte Suprema de Justicia por la Contraloría General panameña.
Los puertos de Balboa y Cristóbal son operados desde hace más de 25 años por la filial del CK Hutchison, que acordó el traspaso de la concesión en el marco de la venta global de más de 40 puertos por cerca de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una transacción que se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.
«Podemos hablar, sí, claro que podemos hablar, pero en función de una nueva relación portuaria para todo el país, no solamente para PPC (…) me alegro que hayan (PPC) reaccionado de esa manera, por supuesto que vamos a conversar, pero bajo ningún pretexto para mantener el contrato leonino, contrario a los intereses nacionales, que tenemos hoy. Que lo tengan claro aquí, en China, en Hong Kong y en Estados Unidos», declaró Mulino durante su conferencia de prensa semanal.
El jefe del Estado panameño aseguró que en Panamá «hay seguridad jurídica» por lo que conminó a la concesionaria a acudir a la Corte Suprema y plantear «sus argumentos jurídicos».
El máximo tribunal panameño «definirá y yo acataré los resultados de la Corte. En el interín, ninguna puerta está cerrada para conversar sobre los parámetros que el Estado panameño pretende de esa concesión. No vamos a tener nuestro territorio portuario secuestrado o que lucren sin pasarle ningún beneficio al Estado y nos den el porcentaje de accionista que buenamente les parece», afirmó.
«Lo he dicho muchas veces y está sustentado en los informes de la Contraloría: ese contrato (de PPC) es lesivo al interés nacional», sostuvo Mulino.
PPC maneja Balboa y Cristóbal desde 1997, cuando se le otorgó una concesión por 25 años que se prorrogó en 2021 por igual período en medio de denuncias de supuesta corrupción y de condiciones consideradas desfavorables para el Estado panameño, que posee el 10 % de las acciones en la empresa.
La Contraloría General demandó ante la Corte Suprema por inconstitucional el contrato-ley con PPC y también pidió la nulidad de la prórroga del mismo porque no se siguieron los trámites de rigor, como anunció el pasado 29 de julio el contralor general, Anel Flores.
El contralor ha denunciado que el de PPC es un «contrato leonino, donde malos panameños permitieron que más de 1.300 millones no entraran a las arcas nacionales» mediante cambios aprobados al convenio.
«Respecto de las acciones legales en curso, creemos firmemente que, el respeto a la seguridad jurídica y el estado de derecho brinda a las empresas e inversionistas la certeza de que Panamá es un país seguro para invertir», señaló PPC en un comunicado el pasado 1 de agosto.
PPC, agregó esa misiva, «ha buscado cooperación con el Estado panameño y continúa haciendo un llamado a la coordinación respetuosa y a las consultas para proteger la concesión que ha brindado servicios de alta calidad para el beneficio de Panamá y el mundo».
Los cinco principales puertos de Panamá están situados alrededor del Canal interoceánico y son operados por empresas de EE.UU. Hong Kong, Taiwán y Singapur.
