Lima, 5 ago (EFE).- Parlamentarios y líderes indígenas de Ecuador, Colombia y Perú se reunieron este martes en un foro en Lima contra la expansión de la actividad petrolera en la región amazónica, con el objetivo de “poner reglas claras para que el bioma de la Amazonia no dependa del vaivén de la política”, conforme manifestó el representante del Congreso colombiano.
En el encuentro participaron la parlamentaria peruana Ruth Luque (Nuevo Perú), la ecuatoriana Cecilia Baltazar (Pachakutik) y el colombiano Juan Carlos Losada (Partido Liberal), así como portavoces de los pueblos indígenas amazónicos achuar y kichwa.
Los asistentes compartieron las distintas propuestas de ley en que recogen la prohibición de nuevas actividades petroleras en la cuenca amazónica de sus respectivos países, así como el reconocimiento del valor ecológico y cultural de la región, la defensa de los derechos indígenas y la promoción de una transición energética justa y popular.
Con un discurso centrado en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), el parlamentario Losada, integrante de la Cámara de los Representantes de Colombia, expresó la necesidad organizarse para impedir la exploración y explotación petrolera en la Amazonia.
Con la vista en la cumbre de presidentas de la OTCA, el próximo 22 de agosto en Bogotá, y la próxima cumbre mundial contra el cambio climático (COP30) -solo dos meses y medio más tarde-, el congresista colombiano señaló la importancia de una propuesta conjunta por parte de los países presentes en el foro, participantes todos ellos de la OTCA, así como de la Red de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles.
«Creo que este es un momento histórico en el que la voz latinoamericana en el discurso internacional está en su punto más alto”, indicó Losada, al añadir que, sin embargo, también podría ser “una de las últimas oportunidades”.
Pese a que los intereses de todos los países coincidían en la protección de la selva amazónica y de las comunidades indígenas que la constituyen, la visión de los distintos territorios varía al tratarse del cese absoluto de la actividad petrolera.
«No estamos diciendo que se acabe la exploración y explotación de hidrocarburos, estamos diciendo que en la Amazonia no debería de haberlo”, matizó Losada.
Sin embargo, la congresista peruana Ruth Luque abogó por el cese completo de toda actividad petrolera, así como el inicio de un proceso de remediación para tratar los pasivos permanentes y persistentes que continúan generando los derrames de petróleo en el Amazonas.
Las denuncias de Luque hacia el Gobierno de su país incluyeron el crecimiento de economías ilícitas, el abandono absoluto de los derechos de los indígenas y la falta de acceso a servicios sanitarios para estas comunidades.
Por su parte, la asambleísta ecuatoriana Cecilia Baltazar defendió la protección de los espacios amazónicos y sostuvo que, si bien no tenían por qué cesar las actividades que ya estaban en marcha, no deberían aceptarse propuestas de nuevas incursiones para la extracción de hidrocarburos en la Amazonia.
“Avancen con los contratos vigentes”, expresó, “pero no planteen nada nuevo”.
Aumento de derrames del 353 % en la Amazonia peruana
En el pasado reciente, entre 1997 y 2023, Perú sufrió hasta 1.460 derrames de petróleo, con más de la mitad de los casos (831) en su región amazónica, por donde atraviesa el principal oleoducto del país, que lleva el crudo extraído desde los pozos en la selva hasta el océano Pacífico, a través de la cordillera de los Andes.
Además, según registró el Grupo de Trabajo de Impactos de los Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), las cifras de derrames relacionados con hidrocarburos acusaron un incremento “dramático” de 41,3 casos, entre 1997 y 2019, a 146, entre 2020 a mayo de 2023, lo que representa un aumento del 353 %.
“Como en ese lugar se ha extraído, supuestamente las comunidades están bien implementadas en salud, educación, etc. gracias a los ingresos que generan, pero ha traído consecuencias letales”, explicó Robinson Sandi, presidente de la Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú-Ecuador (OPIKAFPE).
En palabras de Sandi, un estudio médico demostró que -ya en 2016- había presencia de metales pesados en la sangre de la población y lamentó que sus denuncias fueran criminalizadas y no atendidas por el Estado.
