Quito, 7 jun (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este sábado el proyecto de ley de Solidaridad Nacional, que busca desarticular las economías criminales, y que es uno de los mecanismos con los que el Ejecutivo busca reforzar su lucha contra el crimen
Tras cuatro horas de sesión y con la presencia de 141 de los 151 legisladores que componen la Asamblea, el proyecto de ley enviado por el jefe de Estado, Daniel Noboa, logró el respaldo de 84 legisladores, mientras que 46 votaron en contra, uno en blanco y 10 se abstuvieron.
El proyecto de ley orgánica, que deberá ser remitido a Noboa para observaciones o para que ordene su publicación, estaba calificado como «urgente en materia económica», por lo que la Asamblea tenía 30 días para pronunciarse, pero lo hizo diez días antes del plazo.
Medidas legales y fiscales
Esta norma establece medidas legales y fiscales para combatir la financiación de las mafias, proteger a la población civil, fortalecer las fuerzas del orden y reactivar económicamente las zonas afectadas por la violencia.
Entre sus disposiciones clave están los incentivos para la reconstrucción social y productiva, la atención prioritaria a víctimas y acciones para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados.
Durante el debate legislativo, la asambleísta oficialista Valentina Centeno manifestó que los ecuatorianos claman por mano dura contra el crimen organizado.
La legisladora señaló que no solo se buscan acciones de las fuerzas del orden para combatir la inseguridad, «sino también de los operadores de justicia, de los jueces y de los fiscales, quienes deben estar alineados en la lucha contra el narcoterrorismo que emprenden tanto el Ejecutivo como el Legislativo».
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional no solo fortalece el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino que también ratifica la voluntad política de actuar sin dilaciones ni divisiones ante una amenaza que pone en riesgo la seguridad, la economía y la vida de los ecuatorianos, indicó el Parlamento.
Dicho proyecto busca «desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno», que Noboa declaró a inicios de 2024 para combatir a las bandas de crimen organizado que operan en el país.
Con la propuesta, Noboa apunta, entre otros aspectos, a que la empresa privada pueda «donar» en equipos de seguridad, a policías y militares, hasta el 30 % de su pago del impuesto a la renta (IR).
El Servicio de Rentas Internas (SRI) deberá verificar esa donación y entregar un crédito tributario, que la empresa usará cuando haga la declaración de ley correspondiente.
Entre otros aspectos plantea sancionar a quienes pertenezcan a grupos de delincuencia organizada, y reglas más estrictas para quienes generen «disturbios y terrorismo» en las calles.
Advertencia ignorada
El movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), advirtió que expulsará a sus legisladores que voten a favor del proyecto de ley Solidaridad Nacional.
En el XX Consejo Político Nacional de Pachacuktik, brazo político de la Conaie -confederación que ha liderado duras manifestaciones callejeras contra varios gobiernos- apuntó que el proyecto de ley «no favorece ni permite salidas a la actual crisis económica y de seguridad que vive el país».
El legislador José Nango, de Pachakutik, fue tajante en rechazar la amenaza de los dirigentes: «Vayan a expulsar en sus casas», dijo antes de aseverar que como legisladores representan «a las bases», por lo que mostró su público respaldo a la propuesta del Ejecutivo.
«Con la votación, hoy veremos de qué lado están: si del lado de la impunidad, que tanto quiere defender el crimen organizado, o del lado de la ciudadanía, esa que nos eligió y no nos va a perdonar si hoy le damos la espalda», dijo en su intervención durante el debate. EFE
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