Quito, 7 jun (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador inició este sábado la sesión convocada para tratar el proyecto de ley orgánica de Solidaridad Nacional, con un minuto de silencio por el asesinato de cuatro personas secuestradas en la provincia costera del Guayas (suroeste).
EL presidente de la Asamblea, el oficialista Neils Olsen, pidió el minuto de silencio por los cuatro comerciantes secuestrados recientemente y cuyos cadáveres localizó el viernes la Policía en un escondite en la mencionada provincia.
Olsen convocó a los legisladores para este sábado a fin de conocer y resolver el informe para el segundo debate del mencionado proyecto de ley orgánica, calificado como «urgente en materia económica».
Dicho proyecto busca «desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno», que el presidente, Daniel Noboa, decretó a inicios de 2024 para combatir a las bandas de crimen organizado que operan en el país.
Con la propuesta, Noboa apunta, entre otros aspectos, a que la empresa privada pueda «donar» en equipos de seguridad, a policías y militares, hasta el 30 % de su pago del impuesto a la renta (IR).
El Servicio de Rentas Internas (SRI) deberá verificar esa donación y entregar un crédito tributario, que la empresa usará cuando haga la declaración de ley correspondiente.
Entre otros aspectos, el proyecto de ley plantea sancionar a quienes pertenezcan a grupos de delincuencia organizada, a los que se atribuye la mayoría de los secuestros extorsivos registrados en el país, y reglas más estrictas para quienes generen «disturbios y terrorismo» en las calles.
Por su parte, el movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), advirtió que expulsará a sus legisladores que voten a favor del proyecto de ley de Solidaridad Nacional, uno de los mecanismos con los que el Ejecutivo busca reforzar su lucha contra el crimen organizado.
En el XX Consejo Político Nacional del movimiento Pachacuktik, el colectivo apuntó que el proyecto de ley «no favorece ni permite salidas a la actual crisis económica y de seguridad que vive el país».
