San José, 1 abr (EFE).- La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), por orientaciones de la Presidencia de la República, aprobó este martes una Ley que declara abril como el mes del “pueblo que defiende la paz”, en el marco del séptimo aniversario de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, y que el Ejecutivo que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, neutralizaron a la fuerza.
La norma, denominada “Ley que declara abril, pueblo que defiende la paz”, fue presentada este martes por un grupo de diputados sandinistas y aliados, y aprobada de forma expedita y por unanimidad.
La Ley ordena al Gobierno Central, a los órganos del Estado, instituciones, escuelas, colegios, universidades, medios de comunicación, y Gobiernos regionales y municipales, a realizar actividades “en unidad con las familias nicaragüenses, las comunidades y la juventud organizada, para celebrar en todo el territorio nacional ‘abril, pueblo que defiende la paz'”.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que, luego de la respuesta con la fuerza, se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega.
Las protestas dejaron al menos 355 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron “más de 300” y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
Sacerdote: Ortega y Murillo nunca tendrán paz
Edwing Román, uno de los sacerdotes nicaragüenses despojados de su nacionalidad por las autoridades, les recordó a Ortega y Murillo que “ya es abril” y, por tanto, “nunca tendrán paz”.
“¡Que los ojos de los desaparecidos y asesinados por su dictadura les persigan en sus sueños. Ustedes nunca sabrán de paz en sus conciencias porque desde ya viven su propio infierno! ¡Que el llanto, los gritos y los gemidos de este pueblo no les dejen dormir!”, declaró el párroco exiliado Román, muy crítico con el Gobierno sandinista, a través de las redes sociales.
La Ley, que deroga otra que declaraba a abril ‘mes de la paz’, aprobada hace un año, señala que la paz “es un legado histórico que debemos celebrar con respeto, concordia y fraternidad para la prosperidad”, y que lo celebrarán todos los años “con la alegría contagiosa de las familias”.
“Abril no es solo un mes en el calendario, sino un símbolo vivo de la resistencia, de la unidad y la resolución de una nación que ha sabido enfrentar a los agresores y traidores, logrando despertar en paz”, indicaron en la exposición de motivos.
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, que ha denunciado en tres informes que el Gobierno sandinista ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población por motivos políticos, ha instado a terceros países a demandar al Estado nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los delitos de “apatridia, tortura o ejecuciones extrajudiciales”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de “golpistas” y de “traidores a la patria”.
