Caracas, 9 ago (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, consideró este sábado que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por EE.UU. a cambio de información que conduzca al arresto del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, busca «alentar a los grupos extremistas» para que «retomen la violencia» en el país.
«Estas operaciones no buscan otro propósito que nuevamente alentar a los grupos extremistas en el país y la región para que retomen la violencia, que ha sido derrotada en toda la línea por nuestro Gobierno y pueblo», afirmó la AN en un comunicado, leído por su presidente, Jorge Rodríguez.
Asimismo, en el escrito se rechazan las «absurdas y desesperadas acciones» anunciadas el pasado jueves por parte de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien comunicó la recompensa y acusó a Maduro de utilizar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia» en el país norteamericano.
Para el Parlamento, estas declaraciones son «a todas luces ilegales» y un nuevo intento del «imperialismo estadounidense» de «repetir viejas fórmulas de injerencia grosera y amenazas inútiles para desestabilizar la paz, la tranquilidad y la consolidación de la prosperidad de toda la patria venezolana».
Por tanto, la AN expresó su respaldo a Maduro, a quien consideró como un «garante» de la paz y «protector de la sólida democracia», además de un «líder que conduce con mano firme el Estado de derecho».
«Con la unidad cívico-militar-policial defenderemos nuestra independencia y el camino hacia el país próspero, justo y equitativo que legaremos a las próximas generaciones», leyó el presidente de la AN.
Este viernes, el titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo que Bondi está «secuestrada» por el Partido Republicano y «hace lo que el Gobierno» de Donald Trump «le diga», luego de rechazar la recompensa de 50 millones de dólares anunciada por la funcionaria, una cifra que duplica la ofrecida el pasado enero.
Además, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, repudió «categóricamente» la que considera una «maniobra del Gobierno de los Estados Unidos», y aseguró que esta «infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado» contra la soberanía del país y «una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano».
Por su parte, el partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) afirmó que «la Justicia alcanza incluso a quienes se creyeron impunes», tras mencionar la recompensa de Estados Unidos por Maduro.
