Guayaquil (Ecuador), 6 oct (EFE).- Asambleístas del partido oficialista ecuatoriano Acción Democrática Nacional (ADN) pidieron este lunes a la Fiscalía que investigue al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Marlon Vargas, por el delito de terrorismo, tras haber amenazado con la posibilidad de tomarse Quito si el Gobierno no responde a sus demandas.
Vargas hizo esta advertencia el pasado viernes durante una reunión con simpatizantes, donde aseguró que las protestas convocadas tras la eliminación del subsidio al diésel, que hasta el momento se han concentrado especialmente en la provincia norteña de Imbabura, podrían radicalizarse hasta el punto de tomar la capital ecuatoriana.
«No podemos permitir que esta situación vuelva a pasar. Parece que el señor Marlon Vargas no recuerda lo que pasó en el 2019 y en el 2022, pero los ecuatorianos y los quiteños sí recordamos calles con violencia y edificios incendiados», dijo a la salida del Ministerio Público Mishel Mancheno, jefa en la Asamblea Nacional (Parlamento) de la bancada de ADN, liderado por el presidente Daniel Noboa.
Y es que en 2019 y 2022 el movimiento indígena ya lideró masivas protestas que llegaron hasta Quito, lo que llevó a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El partido oficialista dijo en un comunicado que las declaraciones de Vargas no son «políticas» sino que son «advertencias que constituyen una amenaza directa a la paz, la seguridad y la estabilidad democrática del país».
«Ecuador no puede ni debe acostumbrarse a que el chantaje o la violencia se utilicen como herramientas de presión o negociación política», añadió la bandada de ADN.
El presidente Noboa señaló el domingo que nadie podía «tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos», y que a los que eligen «la violencia», los espera «la ley».
Vargas, por su parte, aseguró este lunes que la lucha del movimiento indígena «no es contra las ciudades» sino «contra años de abandono, pobreza y desigualdad». «No queremos más desaparecidos ni asesinados por exigir dignidad», añadió en su cuenta de la red social X.
El líder indígena también afirmó estar «siempre dispuesto a colaborar con la justicia» pues no es «un terrorista», pero que también pedía a la Fiscalía investigar con la misma celeridad la muerte de Efraín Fuerez, un comunero cuyo fallecimiento la Conaie denomina como un «crimen de Estado», pues asegura que fue asesinado por disparos de militares durante las protestas.
Asimismo, Vargas pidió que se investigue «la desaparición de la deuda millonaria de la familia Noboa» con la agencia de recaudación estatal, en referencia a la deuda tributaria que mantenía el grupo empresarial de la familia del presidente por cerca de 95 millones de dólares y que la semana pasada se anunció que fue pagada.
«La justicia debe ser igual para todos, no solo contra los opositores», señaló el presidente de la Conaie.
Tras quince días, las manifestaciones se han saldado con un fallecido, más de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos, doce de ellos procesados también por el delito de terrorismo.
Este lunes permanecían cerradas nueve carreteras de cuatro de las veinticuatro provincias de Ecuador debido a las protestas.
