Caracas, 30 sep (EFE).- El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) exigió este martes la «liberación inmediata» del exdiputado Freddy Superlano, quien, alertó, continúa «completamente aislado» desde su detención hace 14 meses.
«Freddy ha estado completamente aislado: sin visitas, sin juicio, sin derecho a ver a su familia, ni siquiera a su hija», escribió VP en un mensaje en X, en el que llamó a la comunidad internacional a «seguir denunciando» el arresto del político.
En su publicación, el partido consideró que Superlano está preso «porque no pudieron vencerlo en la calle ni en las urnas», al tiempo que calificó su captura como un «secuestro».
«¡Freddy no está solo! Venezuela entera sabe que su causa es justa!», expresó la formación.
El exdiputado fue detenido el 30 de julio de 2024 por «funcionarios encapuchados», según denunció entonces el partido Vente Venezuela, encabezado por la líder opositora María Corina Machado.
En septiembre de ese año, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Superlano, junto a los antichavistas Perkins Rocha y Biagio Pilieri -también detenidos-, con la divulgación de más del 80 % de las actas electorales que la oposición mayoritaria asegura haber recolectado en los comicios presidenciales y que señala como pruebas del reclamado triunfo de su candidato en los comicios, Edmundo González Urrutia.
Superlano fue diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que ganó las elecciones legislativas de 2015, cuyo periodo se extendió desde 2016 hasta 2021.
Además, el opositor fue candidato a los comicios regionales de 2021 por el estado Barinas -cuna del fallecido presidente Hugo Chávez- y triunfó por un estrecho margen, un resultado que fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia bajo el argumento de que el antichavista estaba inhabilitado para participar.
Un conteo de la organización Foro Penal, con fecha de corte al 29 de septiembre, cifra en 838 los presos políticos en Venezuela.
Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos y aseguran que se trata de ciudadanos que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.
