Buenos Aires, 4 abr (EFE).- El presidente paraguayo, Santiago Peña, afirmó este viernes que el caso de espionaje por parte de Brasil contra funcionarios de Paraguay durante la negociación sobre las tarifas de energía de la represa de Itaipú abre “viejas heridas” de la guerra de la Triple Alianza y demuestra que aún existe odio y resentimiento hacia Paraguay.
“Paraguay tiene una historia bastante dura en la región. En un momento de nuestra historia nos tocó enfrentarnos a una guerra de exterminio, como fue la guerra de la Triple Alianza, con tres hermanos, como son Uruguay, Argentina y el Brasil, pero principalmente liderados por el Brasil”, señaló el mandatario, que agregó que, pese a que su país busca sanar esas heridas, “este episodio lastimosamente lo que hace es abrir estas viejas heridas”
“Cuando nosotros lo que queremos es dejar atrás esa historia de odio, de resentimiento, que venia principalmente de afuera hacia Paraguay, lastimosamente hoy nos damos cuenta que todavía hay esos sentimientos”, añadió Peña en declaraciones a la emisora argentina Radio Mitre.
El presidente se refirió a la difusión del presunto caso de espionaje como “una noticia bastante desagradable” y señaló que su Gobierno ve esta situación “con una tremenda preocupación”.
“Nosotros jamás nos hubiésemos imaginado que íbamos a estar siendo sujeto de espionaje por parte de nuestros hermanos, de nuestros vecinos brasileños”, comentó, y opinó que este episodio no se condice con el tipo de vínculo que su país quiere tener con Brasil: “Nosotros queremos proponer una relación de amistad, de socios, de amigos, que nos permitan construir realmente un Mercosur mas fuerte”.
Por otra parte, reveló que “está demostrado” que Paraguay recibe constantemente ciberataques provenientes de China, a los que dijo han podido hacer frente gracias a la ayuda de Estados Unidos.
Peña destacó además las medidas adoptadas por su país en respuesta a la revelación del caso de espionaje por parte de Brasil, que incluyeron una llamada a consultas al embajador paraguayo en Brasilia, la presentación de una nota formal a la embajada brasileña en Asunción, la apertura de una investigación interna y la puesta en suspenso de las negociaciones por la represa de Itaipú.
Brasil admitió el lunes que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) organizó una operación de espionaje contra Paraguay en 2022, bajo la gestión de Bolsonaro, pero aclaró que cerró ese operativo el 27 de marzo de 2023 y negó “categóricamente” que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenga cualquier responsabilidad en el espionaje.
El Gobierno brasileño se pronunció después de que el portal ‘UOL’ revelara el lunes que la Abin montó la operación de espionaje, con el objeto de acceder a informaciones sobre las negociaciones de la tarifa de la electricidad de Itaipú, que comparten ambos países.
Según ‘UOL’, que cita una declaración a la Policía de un funcionario de la Abin, la planificación de la operación de espionaje comenzó bajo el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y se llevó a cabo en la actual gestión.
De acuerdo al mismo medio, los ataques informáticos se realizaron desde servidores montados en Chile y Panamá, usando una aplicación llamada Cobalt Strike.
El operativo -agregó el portal- logró acceder a los computadores de “cinco o seis” funcionarios paraguayos, con lo que Abin obtuvo los valores que Asunción pretendía proponer en las negociaciones de las tarifas, así como informaciones acerca de su posición en relación al anexo C del tratado firmado en 1973.
El anexo C obliga a Paraguay a vender a Brasil el excedente de su cuota de energía producida en Itaipú a precios preferenciales.
En 2024, ambos países decidieron elevar en 2,5 dólares la tarifa que Brasil pagará en los próximos tres años por la energía paraguaya excedente de Itaipú, hasta los 19,28 dólares por kilovatio mes.
De forma paralela, firmaron un instrumento de entendimiento para modificar el anexo C, que permitirá a Paraguay vender libremente el excedente de su energía al mercado brasileño, regulado o no regulado.
Este acuerdo debe ser firmado el próximo 30 de mayo, según anunció la Presidencia paraguaya el mes pasado.
