Lima, 1 jul (EFE).- Perú obtuvo el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 800 millones de dólares para construir cinco penales y albergar a 28.000 personas, como parte de su política penitenciaria, explicó este martes el ministro peruano de Economía, Raúl Pérez Reyes, al aclarar que la medida no incluye la posibilidad de traer reos de otros países.
El titular de Economía y Finanzas detalló que se trata de centros penitenciarios «para gente que comete delitos en Perú o peruanos que son extraditados de alguna parte del mundo y vienen a cumplir su pena» en la nación sudamericana.
En ese sentido, Pérez Reyes remarcó que este financiamiento «tiene que ver con la política penitenciaria nuestra y no es parte de una política internacional por traer reos de otros países», al ser consultado sobre la posibilidad de que Perú reciba migrantes detenidos por Estados Unidos.
«No tenemos ninguna información sobre una utilización distinta de estos centros penales», expresó el ministro en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Lima.
Así mismo, Pérez Reyes mencionó que la criminalidad es una problemática de atención urgente porque «afecta a la inversión» y los capitales extranjeros «dejan de venir al Perú porque el clima no es el adecuado».
El ministro dijo que algunos analistas asocian la inseguridad ciudadana con la minería ilegal y sostuvo que se comienzan a observar algunas relaciones en otros sectores de la economía.
«Por eso es la inversión en penales y en temas de seguridad porque la idea es reducir el nivel de la criminalidad» en el territorio nacional, señaló el titular de la cartera de finanzas.
Pérez Reyes citó algunos estudios oficiales que calculan el impacto de la criminalidad en el 1,7 % del PIB, aunque otros sectores privados, como la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la cifran en el 3 % del producto interno bruto.
«Es un cálculo con base en el gasto en seguridad privada y los recursos que el Estado destina a esto, (aunque) sea cual sea la magnitud del valor de la criminalidad es un valor alto porque se podría destinar a otras cosas», expresó el ministro.
Perú tiene varias provincias declaradas en estado de emergencia para combatir la criminalidad, asociada a los delitos de extorsión y sicariato, después de reportar decenas de asesinatos en las zonas de minería ilegal y ataques contra los gremios de transporte urbano, entre otras actividades.
