Lima, 22 may (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo este jueves que su Gobierno está dando un “paso clave” en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad, al promulgar la ley que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva en una ceremonia en el Palacio de Gobierno.
“Estamos promoviendo una justicia más eficaz y eficiente”, dado que con el sistema de flagrancia habrá una mejora en la celeridad de los procesos penales, al reducir los plazos para el juicio y la sentencia, precisó Boluarte.
La jefa de Estado declaró que esta ley pone en marcha un marco normativo que permitirá “garantizar una respuesta oportuna”, pues se facilitará una resolución justa de los casos y se protegerán los derechos fundamentales de los investigados.
En tal sentido, agradeció al Congreso por la aprobación de la iniciativa, convertida ahora en ley.
“Podemos avanzar en la construcción de un mejor país, una sociedad más segura, y sancionar como se debe a la criminalidad”, apuntó Boluarte, acompañada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara.
La referida ley establece los principios y la creación de un Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, así como comités distritales encargados de esta materia.
Asimismo, el consejo será el órgano principal en la formulación, conducción y evaluación de políticas sobre flagrancia delictiva, con autonomía funcional y técnica.
Precisó que la Unidad de Flagrancia Delictiva, como parte fundamental de este sistema, integrará a diversas instituciones relacionadas con la justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, bajo un enfoque colaborativo que facilite la investigación y judicialización de delitos flagrantes.
A raíz de la ola de criminalidad y delincuencia organizada en las principales urbes peruanas, el Gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia para combatir al sicariato y la extorsión en ciudades como Lima, la capital del país que concentra a un tercio de la población nacional, y en la provincia norteña de Pataz, donde se centraliza la minería ilegal de oro.
