Lima, 11 jun (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Perú han realizado en lo que va de este año más de 400 operativos de interdicción contra la minería ilegal, como parte de sus acciones para combatir a ese delito, que se ha convertido en una de las principales amenazas en el país andino, informó este miércoles la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
«La minería ilegal y el crimen organizado ligado a esa actividad ilícita representan un problema grave porque atentan contra la seguridad y la tranquilidad de la población, dificultan las actividades económicas formales y afectan el medioambiente y a la economía nacional», señaló el primer ministro, Eduardo Arana, en un comunicado difundido por su despacho.
Arana agregó que «el Ejecutivo está decidido a ponerle punto final» a esa situación «y está desplegando múltiples acciones en ese sentido».
Según la información oficial, entre el 1 de enero al 31 de mayo pasado se realizaron 422 operativos de interdicción a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) en las diferentes regiones del país afectadas por la minería ilegal.
Arana reafirmó, en ese sentido, «el compromiso del Gobierno nacional para continuar el combate frontal a la minería ilegal y sus delitos conexos», tras lo cual sostuvo que las operaciones «se ejecutan con un enfoque integral y multisectorial».
El primer ministro remarcó que se ha puesto «especial énfasis» en la provincia de Pataz, en la región norteña La Libertad, donde se ha creado un Comando Unificado, liderado por las Fuerzas Armadas, para combatir a las organizaciones criminales que actúan en alianza con la minería informal, que hace un mes causaron la muerte de 13 trabajadores mineros.
Una nueva estrategia nacional
El alto comisionado para el combate a la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, sostuvo que los avances en la lucha contra esta actividad ilícita se enmarcan en «una nueva estrategia nacional que va más allá de las acciones punitivas».
Sostuvo que, además de las operaciones de interdicción, también se hacen «esfuerzos coordinados multisectoriales» para impulsar la formalización minera, la recuperación ambiental y las mejoras económicas sostenibles para las comunidades afectadas.
«El problema de la minería ilegal no es solo económico; es un fenómeno que impacta política, social y económicamente, e incluso en términos de seguridad. Se trata de crimen organizado», explicó.
El funcionario agregó que la nueva estrategia se coordina con diversos sectores del Estado para asegurar que todas las intervenciones tengan «impacto real y sostenido».
Al referirse a la situación en Pataz, una provincia declarada en estado de emergencia desde el año pasado, pero bajo control militar desde hace poco más de un mes, la PCM informó que el Comando Unificado realiza acciones de control territorial, intervenciones e interdicciones, mediante un trabajo de inteligencia y bloqueo logístico.
Confirmó, además, que por disposición del Gobierno, el domingo pasado se reanudaron las operaciones de la minería formal en la zona, donde se realizan operaciones de «estricto control» y vigilancia por motivos de seguridad.
«Este despliegue territorial busca romper la cadena de financiación y operación de las organizaciones delictivas ligadas a la minería ilegal», acotó antes de precisar que se ejecutan en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, del Ministerio Público.
A ello se suma el proceso de diálogo con las autoridades y los principales representantes locales, en el marco de una ‘Mesa de Desarrollo Integral de la provincia de Pataz’, que es impulsada por el Ejecutivo, anotó.
