Bogotá, 17 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó este martes a la Registraduría, autoridad electoral del país, de «tomar partido» luego de que este organismo dejara en manos de las altas cortes la decisión de si debe hacer o no la consulta popular sobre la reforma laboral convocada por decreto por el mandatario.
«Siendo la Registraduría árbitro de las elecciones, toma partido, y eso no debe suceder, ni lo debe admitir las fuerzas mayoritarias y sociales de Colombia», expresó Petro en la red social X.
El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró este martes que hay «una controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo y por tanto lo que procede jurídicamente ante una controversia de tal magnitud que no tiene precedente en la historia reciente del país», por lo que deja en «manos de las altas cortes» la decisión de continuar o no «con los trámites de la consulta popular convocada».
Desde que Petro convocó la consulta popular, el pasado 11 de junio, le han llovido críticas y demandas ante el Consejo de Estado (máxima autoridad de lo contencioso administrativo) y la Corte Constitucional, entre otras instancias, por parte opositores y juristas que consideran esa medida inconstitucional.
Sin embargo, el mandatario recalcó hoy que acatará la decisión que tome la Corte Constitucional sobre el decreto de la consulta popular.
«A diferencia de otros gobiernos, en este, solo por ser de origen diferente, se ha decidido por funcionarios que no comulgan con las órdenes del voto popular del año 2022 y que no son siquiera de elección popular, vaciar de poder la Presidencia, e ilegitimarla con falsedades, para generar un golpe institucional», agregó Petro.
La Justicia tiene la palabra
El Senado rechazó en marzo el proyecto de reforma laboral de Petro y luego, el 14 de mayo, hundió también, por 49 votos contra 47 la petición del mandatario de convocar una consulta popular para que sea el pueblo el que decida sobre cambios en las leyes del trabajo.
Tras esos reveses, el presidente recurrió al llamado «decretazo» con el argumento de que se hizo «trampa» en la votación senatorial sobre la consulta y por eso decidió convocar al pueblo a las urnas el próximo 7 de agosto, día en que cumple tres años en el cargo, pero el registrador Penagos aclaró hoy que la autoridad electoral es «un órgano autónomo independiente».
«El Consejo de Estado debe decidir», dijo hoy el registrador, quien aclaró que ese tribunal es el indicado para decir si la votación del Senado que rechazó la convocatoria de la consulta popular fue legal o no.
