San Salvador, 24 jul(EFE).- El Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT) presentó este jueves una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para que declare inconstitucional la reciente Ley de Agentes Extranjeros, que cobra un impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciben las ONG.
«La Ley de Agentes Extranjeros busca criminalizar a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos como el caso Ruth López, Henrique Anaya y otros defensores, quienes han denunciado públicamente violaciones de derechos humanos e indicios de actos de corrupción de los funcionarios del régimen actual», dijo Silvia Navarrete, vocera del MDTC, a la prensa.
Sostuvo que la referida ley y su reglamento «violenta de manera flagrante una decena de artículos de la Constitución de la República, principalmente los referidos a la legalidad, igualdad, a los derechos de expresión, organización y participación».
«Representan un grave retroceso en materia de derechos humanos y debilitamiento de Estado de derecho» sostuvo Navarrete.
Por su parte, Morena Murillo, otra de las voceras en la rueda de prensa, indicó que en la demanda pidieron como medidas cautelares la «suspensión de la vigencia e implementación» de la ley «hasta que emita una resolución definitiva sobre nuestra demanda de inconstitucionalidad».
«Las organizaciones no somos actores de oposición política, como nos quiere presentar la narrativa gubernamental con el propósito de descalificarnos y estigmatizarnos. Promovemos el desarrollo integral y la democracia en el país; orientamos nuestras acciones a la población en condiciones de vulnerabilidad y que no reciben atención necesaria, pertinente y oportuna», acotó.
La activista también llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Congreso de los Estados Unidos, al Parlamento Europeo y a las agencias de cooperación a «pronunciarse y demandar al Estado salvadoreño para la derogación de la Ley de Agentes Extranjeros».
La normativa ha sido rechazada y organizaciones no gubernamentales de diferentes países consideran que representa “una amenaza directa” a la sociedad civil y a la prensa independiente.
El presidente Bukele, por su parte, defendió el pasado 1 de junio la aprobación de dicha ley, que ha sido comparada con legislaciones similares usadas por países como Nicaragua para cerrar organizaciones.
«Hace unos días esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros: es una ley para proteger la cooperación internacional», sostuvo Bukele en su discurso de primer año de su segundo mandato consecutivo, prohibido por la Constitución.
La CIDH instó a inicios de junio pasado al Estado de El Salvador a derogar la ley, porque puede afectar la «sostenibilidad financiera de las organizaciones y medios de comunicación» que «actúan en defensa de derechos humanos».
